El Gobierno consiguió este martes superar la última votación pendiente de la megarreforma, luego de que el Senado aprobara el mecanismo destinado a compensar a los municipios por los recursos que dejarán de percibir debido a la exención del pago de contribuciones para adultos mayores.
La propuesta, elaborada por una comisión mixta y previamente respaldada por la Cámara de Diputadas y Diputados, obtuvo 27 votos a favor y 22 en contra. El resultado permitió cerrar la tramitación principal del proyecto de Reconstrucción Nacional, aunque la iniciativa todavía no se encuentra en condiciones de ser promulgada.
El apoyo decisivo fue entregado por el senador Pedro Araya, quien se convirtió en el único representante de la oposición que votó favorablemente. El legislador del PPD reconoció que la fórmula presenta problemas de regresividad, pero sostuvo que era la alternativa disponible para garantizar la continuidad de los recursos municipales.
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También resultaron relevantes los respaldos de Matías Walker y Sergio Gahona. Durante las horas previas a la sesión, ambos parlamentarios alcanzaron un protocolo de acuerdo con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para gestionar financiamiento destinado a la reconstrucción de las regiones de Coquimbo y Atacama.
COMPENSACIÓN DIRECTA Y CONDICIONADA
La norma aprobada dispone que la Tesorería General de la República entregue directamente los recursos a cada municipalidad, manteniendo la proporción que habría recibido de la recaudación por contribuciones si no existiera la nueva exención.
El Servicio de Impuestos Internos entregará anualmente a la Dirección de Presupuestos y a la Tesorería General de la República los antecedentes necesarios para calcular la pérdida y definir las transferencias correspondientes.
La compensación, sin embargo, estará sujeta a una condición. Las municipalidades deberán demostrar una reducción de al menos 30% en los tiempos de tramitación de permisos, tomando como referencia el promedio registrado entre 2023 y 2025.
Sectores de oposición cuestionaron esta exigencia y advirtieron que podría perjudicar a las comunas con menor capacidad administrativa, además de profundizar las diferencias territoriales en el acceso a los servicios municipales.
LA DIVISIÓN QUE DEJÓ EL DEBATE MUNICIPAL
La controversia no estuvo centrada solamente en la reposición de los recursos, sino también en la forma escogida para distribuirlos. Parlamentarios y alcaldes opositores defendían que el dinero fuera transferido al Fondo Común Municipal, con el objetivo de favorecer una redistribución hacia las comunas con menores ingresos.
La fórmula aprobada, en cambio, repone a cada municipio una proporción asociada a lo que dejará de recaudar. Sus críticos sostienen que esto termina beneficiando en mayor medida a las comunas donde se concentra el mayor número de propiedades afectas al pago de contribuciones.
Durante el debate, legisladores de oposición también cuestionaron que la exención no estuviera suficientemente focalizada según los ingresos de los propietarios. El senador Fidel Espinoza optó por inhabilitarse, argumentando que la medida podría beneficiar directamente a parlamentarios o a sus familiares.
El oficialismo defendió la propuesta señalando que entrega certeza financiera a las municipalidades y permite despejar una reforma considerada clave para la inversión, el crecimiento y la generación de empleo.
La discusión también dividió a los alcaldes. Mientras autoridades como Tomás Vodanovic calificaron el mecanismo como injusto y regresivo, un grupo de 174 jefes comunales suscribió una declaración apoyando la compensación propuesta por el Ejecutivo.
El Gobierno comprometió, además, que un tercio de la sobretasa de 1,5% vinculada a la invariabilidad tributaria podría destinarse al Fondo Común Municipal. No obstante, todavía no se ha definido si esa transferencia será establecida mediante una nueva ley o incorporada en la discusión anual del Presupuesto.
LA REFORMA AÚN NO ESTÁ LISTA PARA CONVERTIRSE EN LEY
Aunque el Ejecutivo celebró la votación como un triunfo legislativo, la megarreforma todavía enfrenta etapas relevantes. El Congreso deberá pronunciarse sobre tres vetos supresivos anunciados por el Gobierno.
Las observaciones presidenciales buscarán eliminar las normas relacionadas con el anatocismo, el derecho al olvido financiero y la modificación del régimen de pago a 30 días para las pequeñas y medianas empresas.
El Tribunal Constitucional también deberá revisar las impugnaciones que presentó la oposición contra las normas sobre invariabilidad tributaria y restitución de pagos cuando la justicia anule la Resolución de Calificación Ambiental de un proyecto.
De esta manera, el Gobierno consiguió cerrar una de las votaciones más complejas de su principal reforma económica, pero la fórmula de compensación dejó instalada una disputa que probablemente continuará: si los recursos municipales deben reponer exactamente lo perdido por cada comuna o utilizarse para reducir las desigualdades existentes entre los territorios.
