Ley Karin volvió al centro del debate legislativo luego de que diputados de distintos sectores presentaran un proyecto para suspender su aplicación durante cinco años. La propuesta generó un inmediato rechazo entre parlamentarios de oposición, quienes advirtieron que la medida debilitaría la protección frente al acoso laboral y sexual en los lugares de trabajo.
La iniciativa, impulsada por legisladores del Partido Nacional Libertario, el Partido de la Gente (PDG) y algunos parlamentarios oficialistas, plantea congelar temporalmente la normativa con el argumento de que el alto número de denuncias ha sobrecargado el sistema. Durante ese período volverían a regir las disposiciones laborales anteriores, mientras que las investigaciones y procedimientos ya iniciados continuarían tramitándose bajo la legislación vigente al momento de su ingreso.
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El subjefe de la bancada PPD-Independientes, Héctor Ulloa, cuestionó la propuesta y sostuvo que suspender la Ley Karin no es una solución para enfrentar las dificultades que ha presentado su implementación. A su juicio, el camino correcto es perfeccionar la normativa y aclarar algunos aspectos de su aplicación, sin dejar desprotegidas a las víctimas.
Además, el parlamentario acusó que la iniciativa responde a una visión que debilita los derechos laborales y aseguró que, en lugar de congelar la legislación, corresponde fortalecer las herramientas para garantizar una adecuada protección a trabajadores y trabajadoras.
En la misma línea, la diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans, recordó que la normativa nació tras la muerte de Karin Salgado, técnica en enfermería que denunció reiterados episodios de acoso laboral antes de quitarse la vida. Por ello, calificó la propuesta como una eliminación encubierta de la ley.
La legisladora afirmó que el elevado número de denuncias no demuestra un fracaso de la normativa, sino que evidencia una realidad que permanecía invisibilizada. Asimismo, comparó la situación con un servicio de urgencias saturado, señalando que la solución no es cerrar el sistema, sino reforzar las capacidades de atención e investigación.
Las críticas
Desde el Partido Comunista, el diputado Luis Cuello también rechazó la propuesta y destacó que la Ley Karin ha impulsado avances relevantes en materia de buen trato en los espacios laborales. No obstante, reconoció que es necesario fortalecer la capacidad fiscalizadora de la Dirección del Trabajo para responder al aumento de procedimientos.
Una postura similar expresó el diputado socialista Nelson Venegas, quien consideró que la alta cantidad de denuncias confirma la existencia de un problema extendido y no justifica suspender la normativa. Según afirmó, el debate debería enfocarse en mejorar su funcionamiento y no en paralizar una legislación destinada a proteger a las víctimas.
Por su parte, el diputado Patricio Pinilla (DC) sostuvo que la suspensión de la ley sería una medida irresponsable, aunque reconoció que existen aspectos susceptibles de perfeccionamiento. Entre ellos, mencionó la necesidad de revisar los criterios de admisibilidad de las denuncias, fortalecer los mecanismos de mediación y conciliación, y aumentar la dotación de fiscalizadores de la Dirección del Trabajo.
El parlamentario concluyó que la prioridad debe ser entregar más herramientas a los organismos encargados de aplicar la normativa, manteniendo el carácter protector de la Ley Karin y evitando retrocesos en materia de derechos laborales.
