«Puede ser un exceso», reconoció la ministra de Energía, Ximena Rincón, sobre la idea de mantener un estado de excepción por 120 días sin ratificación del Congreso, como plantea el Gobierno en su propuestas de reforma constitucional en materia de seguridad.
«Creo que se pueden encontrar puntos medios que permitan avanzar en una agenda de seguridad que logre abordar un tema tan complejo y tan delicado como este para el país», agregó en entrevista con radio Cooperativa.
A su juicio, «en esta materia el Gobierno anterior dejó de hacer (lo que correspondía)», y ahora le toca a José AntonioKast «enfrentar una situación crítica en el ámbito de seguridad».
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Especificó que en la Macrozona Sur «el gobierno anterior, durante toda su gestión, mantuvo el estado de excepción, e iba al Parlamento sin ningún antecedente firme que permitiera tener claridad de lo que se estaba haciendo, desde el punto de vista de los avances, y se le renovó siempre el estado de excepción».
«Cada 15 días estábamos en este ejercicio que de verdad nos complejizaba el trabajo legislativo en otros ámbitos. Entonces, pueden ser un exceso los 120 días, pero claramente, estar concurriendo al Parlamento cada 15 días para no aportar ningún dato, y simplemente renovar un estado de excepción, creo que al final tampoco es la fórmula», recalcó.
Respecto de la tramitación de la iniciativa en el Congreso afirmó que «en el debate legislativo estoy tranquila, y en lo que logre el Gobierno con el Parlamento también. Tenemos una excelente relación con el Parlamento». Rincón añadio que, para ella, «el diálogo va a permitir avanzar en una materia tan delicada como la seguridad».
REPOSICIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS
Rincón también se refirió al requerimiento del Gobierno ante el Tribunal Constitucional para retirar un artículo de la megarreforma que obliga a las empresas distribuidoras a reconectar gratuitamente los servicios de agua potable, gas y electricidad en zonas afectadas por catástrofe.
A su modo de ver, «obligar a una empresa que haga en 24 horas una reposición en una zona de catástrofe, donde las condiciones pueden ser desfavorables, desde el punto de vista del riesgo para el trabajador que tiene que cumplir con ese cometido, como para el mismo cliente que se va a ver beneficiado, es el punto».
«Exponer a un trabajador en condiciones extremas a ese plazo es lo que el Gobierno ha señalado requiere una revisión y una adecuación», destacó.
Lamentó que la norma «no pasó por ninguna comisión especializada que pudiera advertir esta situación».
«Lo que estamos pidiendo es simplemente que esa discusión se haga en una sede especial para que se tomen todas las consideraciones del caso, no es oponerse a la reposición», afirmó.
