Como «una fórmula acotada» definió el presidente José Antonio Kast la posibilidad de establecer medidas como la restricción de determinadas libertades o la interceptación de comunicaciones en zonas afectadas por el crimen organizado, contenida en la propuesta de reforma constitucional de seguridad presentada por el gobierno.
«Hoy día tenemos cuatro estados de excepción constitucional: el de asamblea, el de sitio, el de catástrofe, el de emergencia. Y dentro de los dos primeros, se contemplan medidas como esta, pero no acotadas», agregó en entrevista con radio Infinita.
«Y cuando nosotros necesitamos intervenir una zona y tenemos que saber dónde están los delincuentes, dónde están eventualmente los terroristas, bueno, esto es una fórmula acotada. Pero vuelvo a insistir, hoy día es el Congreso de la nación el que tiene que hacer planteamientos”, afirmó.
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Según el mandatario, “el crimen organizado ha evolucionado de una manera que nadie sospechó hasta dónde iba a llegar: la corrupción, el copamiento territorial, el tipo de delito, el tipo de personas que se integran a esto”. A su juicio, “se necesitan herramientas muy distintas, mucho más fuertes para combatir el crimen organizado”.
Kast descartó que la propuesta de reforma para la seguridad concentre un poder excesivo en la figura presidencial, porque -dijo- existen controles judiciales y parlamentarios.
«PUEDE SUFRIR CAMBIOS»
“La Constitución es un todo, no es solamente un artículo”, aseveró.
Añadió que cualquier vulneración de derechos podría ser revisada posteriormente por los tribunales.
“Toda reforma, toda ley puede sufrir cambios, y para eso está el Poder Legislativo, yo no le vo mayor drama”, aseguró.
Además, descartó que la iniciativa sea “iliberal” y afirmó que el debate parlamentario permitirá incorporar distintas propuestas.
¿POCO TRABAJO PRELEGISLATIVO?
Kast rechazó las críticas de una falta de trabajo prelegislativo antes de presentar el proyecto.
“Yo creo que se hicieron todos los análisis. Se analizaron las cuatro propuestas de reforma constitucional para distintos estados de excepción. Se realizaron conversaciones con distintas fuerzas políticas. Y yo creo que hubo un trabajo real. Y lo más importante es que se han mostrado avances”, sostuvo.
“Que se podría haber conversado más, siempre se puede conversar más. Pero ¿Se ha cerrado el debate? No se ha cerrado. Si eso es lo más tangible, no se ha cerrado el debate», agregó.
Las declaraciones llegan mientras La Moneda evalúa reemplazar la suma urgencia del proyecto por una urgencia simple. AsÍ lo reconoció ayer en entrevista con Estado Nacional el ministro de la Segpres, José García Ruminot.
Esto ampliaría el plazo de discusión de la iniciativa de 15 a 30 días.
Recordemos que han surgido múltiples reparos, tanto en la oposición como en el oficialismo, a algunos contenidos de la propuesta.
CONVENIO 169 DE LA OIT
El mandatario también se refirió al «desmentido» que hizo el biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, al ministro de Defensa, Fernando Barros, que dijo que «hay chilenos que se dividen y tienen un trato distinto por su origen étnico y eso es un caldo de cultivo de conflicto. Y para mí, el Convenio 169, la Ley Lafkenche y una serie de otras disposiciones legales que salen de esa visión de conflicto entre las personas, son un riesgo para el país».
Para el jefe del gabinete presidencial, el ministro tiene derecho a dar su opinión, pero el gobierno «respeta íntegramente» el convenio y no innovará sobre él.
Al respecto, Kast ecxpresó que «lo que dijo el ministro Barros es analizando una situación que puede afectar, desde el punto de vista de defensa, ciertas materias relevantes. Si, por ejemplo, uno juntara el 169 con la consulta indígena para un astillero, para una construcción naval, podría afectar la seguridad nacional a futuro».
Según el presidente, «hay momentos en que se producen abusos. En la Ley Lafkenche evidentemente, hay abusos de la ley que se generó para proteger a una comunidad lacustre. Se produce un abuso, yo creo que hay que hacer modificaciones».
dicionalmebte, comentó que «el 169 se puede impugnar cada 10 años» y que «en nuestro gobierno, esa impugnación no va a ser, no es prioridad».
