Los partidos de oposición acordaron pedir formalmente al gobierno de José Antonio Kast que retire la reforma constitucional de seguridad.
Lo hicieron durante una reunión de sus principales representantes, tras la cual anunciaron la firma de un documento para formalizar su solicitud.
Este también incluye la idea de avanzar en una agenda legislativa de seguridad que permita fortalecer las instituciones encargadas de enfrentar el crimen organizado, pero resguardando los derechos fundamentales.
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A juicio de los partidos opositores, debería incluir medidas para fortalecer a Carabineros, la PDI, el Ministerio Público, los tribunales y el sistema penitenciario, además de avanzar en las iniciativas que actualmente se encuentran en el Congreso.
«DEMUÉSTRELO CON HECHOS»
Los representantes de las colectividades de oposición cuestionaron las facultades que contempla la propuesta de reforma constitucional del plan de seguridad.
La aún presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, describió que es un proyecto que entrega “atribuciones de emperador a un Presidente de la República” y que, a su juicio, debilita la separación de poderes.
Por su parte, la senadora Paulina Vodanovic, presidenta del PS, aseguró que “para nosotros la seguridad es muy importante, es muy relevante que podamos poner todas las fuerzas del Estado en acción, pero también es muy importante que eso sea respetando los derechos de las personas”.
En tanto, el timonel del PPD, el diputado Raúl Soto, emplazó al jefe de Estado a retirar la iniciativa y concentrarse en los más de 30 proyectos legislativos vinculados a seguridad.
Advirtió, asimismo, que la reforma concentra atribuciones presidenciales y puede limitar libertades individuales durante períodos extensos e hizo un llamado al mandatario: “Presidente Kast, si no es iliberal, si no es autoritario, demuéstrelo con hechos”.
Finalmente, la oposición criticó la posibilidad de utilizar la reforma para abrir un nuevo debate constitucional. Para ellos, el combate al crimen organizado debe abordarse mediante herramientas legislativas y de gestión, sin modificar los límites institucionales del Estado.
