A 53 años del golpe de Estado en Chile, pareciera necesario aclarar algo que nunca debió olvidarse: romería, violencia y memoria tienen claros límites que no deben confundirse.
La tradicional romería al Cementerio General por los 53 años del golpe de Estado volvió a reunir este domingo a organizaciones de derechos humanos, familiares de víctimas, dirigentes políticos y ciudadanos. El acto estuvo marcado este año por el rechazo a eventuales indultos o beneficios para condenados por violaciones a los derechos humanos. Pero, como ha ocurrido en años anteriores, grupos violentos terminaron nuevamente enfrentándose a carabineros e interfiriendo en una conmemoración cuyo sentido es otro.
Carabineros reportó 35 detenidos durante la jornada por incidentes registrados principalmente en Recoleta con Artesanos y en las cercanías de Metro Cerro Blanco. Según carabineros, un 60% fue aprehendido por mantener órdenes judiciales vigentes y el 40% restante por hechos flagrantes. Hubo ataques y enfrentamientos con el personal policial y al menos un lesionado.
La condena de esas acciones no admite demasiados matices. Una romería destinada a recordar a víctimas de graves violaciones a los derechos humanos no entrega inmunidad a quien aprovecha la convocatoria para ejercer violencia. Tampoco existe contradicción alguna entre defender el derecho a la memoria y exigir que quienes cometan delitos respondan por ellos.
Según el diputado del Partido Comunista Marcos Barraza, la violencia fue generada por “infiltrados”, quienes son los responsables de los incidentes y sostuvo que los disturbios no impidieron cumplir con el objetivo de la convocatoria.
Una romería que excede los disturbios
La convocatoria tuvo como centro la memoria de quienes fueron ejecutados, hechos desaparecer, torturados o perseguidos después del golpe de Estado de 1973. Este año adquirió además una dimensión política particular por el debate sobre posibles indultos a condenados por violaciones a los derechos humanos. Las organizaciones participantes utilizaron la jornada para reafirmar su oposición a cualquier medida que pueda traducirse en impunidad.
Ese ejercicio de memoria posee legitimidad propia y no depende de la conducta de quienes provoquen incidentes durante su desarrollo. Chile puede discutir políticamente cómo recordar el golpe, discrepar sobre sus causas e incluso mantener profundas diferencias respecto de las responsabilidades históricas. Lo que una democracia no debería discutir es el derecho de las víctimas y sus familiares a recordar.
Los hechos violentos merecen, por ello, una condena particularmente clara. No solamente porque afectan el orden público, a Carabineros, vecinos o bienes públicos y privados, sino porque terminan apropiándose de una conmemoración que no les pertenece. Está Pasando ya había constatado ese mismo fenómeno en romerías anteriores, cuando grupos violentos terminaron desplazando informativamente el sentido de la convocatoria.
Arrau: “No son manifestantes son delincuentes violentos”
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, reaccionó duramente a los incidentes. “Como país no podemos normalizar que año tras año se termine violentando un cementerio”, sostuvo. Luego llamó a distinguir entre quienes participan legítima y pacíficamente y quienes aprovechan una marcha para provocar destrozos.
Hasta allí, la distinción resulta necesaria. Una persona que participa pacíficamente de una romería no puede ser equiparada con quien comete actos violentos, y separar ambos grupos evita precisamente criminalizar una manifestación completa por la conducta de algunos. Arrau, sin embargo, avanzó un paso más al afirmar que quienes protagonizaron los ataques “no son manifestantes, son delincuentes violentos”.
La dureza frente a la violencia no exige abandonar las categorías básicas del Estado de derecho. Una detención no transforma por sí misma a una persona en delincuente y corresponde a los tribunales establecer responsabilidades penales. El Gobierno puede —y debe— condenar los hechos, perseguirlos mediante las instituciones correspondientes y presentar los antecedentes ante la justicia, pero la sentencia pertenece a los jueces.
Cambio conceptual: ¿Delitos o incivilidades?
La expresión utilizada por Arrau, «delincuentes», marca además un cambio respecto del lenguaje que el propio Gobierno empleó al presentar su agenda de seguridad. El ministro defendió entonces la necesidad de enfrentar determinadas “incivilidades”, categoría bajo la cual incluyó conductas que alteraban gravemente la convivencia y el orden público. Ahora, frente a los disturbios ocurridos durante la romería, endureció la conceptualización y pasó directamente a calificar a sus protagonistas como “delincuentes violentos”.
El cambio no es solamente semántico. Una autoridad puede condenar la violencia, denunciar desórdenes y exigir que se investiguen eventuales ilícitos, pero llamar “delincuente” a una persona supone anticipar una condición que requiere determinación judicial. La firmeza frente a los disturbios no necesita saltarse esa diferencia.
Una frase que también desliza responsabilidades
Hay otra parte de las declaraciones del ministro que merece atención. Arrau incluyó entre quienes deben distinguirse de los participantes pacíficos no solamente a quienes destruyen, sino también a “quienes validan o facilitan esta violencia”.
La afirmación es suficientemente amplia como para requerir precisión. Si existen antecedentes de personas u organizaciones que efectivamente facilitaron la comisión de delitos, corresponde entregarlos al Ministerio Público y determinar responsabilidades individuales. Lo que no corresponde es permitir que una formulación genérica termine trasladando hacia los organizadores o participantes pacíficos una responsabilidad que debe acreditarse respecto de personas y conductas concretas.
La propia historia reciente de esta romería aconseja esa separación. En 2025, mientras gran cantidad de participantes llegó pacíficamente al Cementerio General y sus sitios de memoria, grupos violentos protagonizaron incidentes que afectaron a terceros y empañaron nuevamente la jornada.
Ni impunidad ni desmemoria
No existe necesidad de escoger entre memoria y seguridad. Una democracia suficientemente madura debería ser capaz de garantizar simultáneamente el derecho a conmemorar, proteger a quienes participan pacíficamente y detener a quienes utilizan esas convocatorias para cometer ilícitos. Confundir esas dimensiones termina favoreciendo precisamente a quienes buscan transformar una romería en escenario de enfrentamiento.
Los violentos no representan necesariamente a quienes marchan, como tampoco sus acciones invalidan aquello que se conmemora. Y quienes recuerdan a las víctimas no adquieren por ello responsabilidad colectiva sobre los actos violentos que otros puedan cometer aprovechando la convocatoria.
A 53 años del golpe de Estado, Chile puede mantener diferencias profundas sobre su historia y sobre la manera de enfrentar sus consecuencias. Pero hay dos límites que una democracia no debería cruzar: utilizar la memoria para introducir la violencia o utilizar la violencia de algunos para desacreditar la memoria de todos.
