Una disposición que obliga a los partidos políticos a condenar los sistemas totalitarios abrió un inesperado frente común entre sectores ideológicamente opuestos y frenó la tramitación final de la reforma política en el Senado.
Los comités parlamentarios resolvieron de manera unánime postergar, al menos por una semana, la votación del informe elaborado por la comisión mixta. La decisión respondió principalmente a las objeciones planteadas por el Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido Comunista (PC).
La iniciativa, presentada durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, se encuentra a dos pasos de convertirse en ley. Sin embargo, la inclusión de nuevas disposiciones reactivó las diferencias entre las fuerzas políticas cuando solo restaba que ambas cámaras ratificaran el acuerdo alcanzado por la instancia legislativa.
UNA FRASE DIVIDE AL CONGRESO
El principal conflicto se concentra en la norma que establece que cada colectividad “deberá expresar su condena al establecimiento de un sistema totalitario”. La redacción generó reparos tanto en sectores libertarios y republicanos como en el Partido Comunista.
Según antecedentes conocidos durante la reunión de comités, la senadora Claudia Pascual (PC) y el senador Ignacio Urrutia (Republicano) habrían solicitado aplazar la votación. Los representantes de las demás bancadas acogieron el planteamiento y acordaron buscar una modificación que entregue garantías a todos los sectores.
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El jefe de los senadores republicanos, Renzo Trissotti, aseguró que su colectividad quiere avanzar en la reforma, pero espera corregir algunas observaciones para asegurar que su contenido concuerde plenamente con la Constitución.
Desde la UDI, el senador Gustavo Sanhueza explicó que los comités buscarán conversar con la presidenta de la comisión mixta, la socialista Danissa Astudillo, para retomar la discusión y consensuar una nueva fórmula.
GOBIERNO ESPERA VOTACIÓN LA PRÓXIMA SEMANA
Aunque todavía existe una posibilidad reducida de resolver el conflicto durante el martes, la reforma no aparece en la tabla del Senado para el miércoles. La Cámara de Diputados también tenía previsto revisar el informe durante esa jornada, pero deberá aplazar su pronunciamiento.
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, confirmó que el proyecto probablemente será votado durante la próxima semana. La autoridad destacó que tanto el Ejecutivo como los comités parlamentarios mantienen el interés en completar adecuadamente la tramitación.
Las diferencias no son nuevas. Durante las discusiones anteriores, comunistas, radicales, libertarios, socialcristianos, representantes del PDG e independientes manifestaron distintas objeciones. Algunos sectores advierten que las nuevas reglas podrían reducir la representación política y perjudicar principalmente a los partidos más pequeños.
REFORMA ENDURECE EXIGENCIAS PARA LOS PARTIDOS
El proyecto fortalece las atribuciones de los comités parlamentarios, endurece las condiciones para constituir y financiar partidos políticos y eleva los requisitos para presentar candidaturas independientes.
Además, las colectividades tendrán un plazo de 18 meses para actualizar sus registros de militantes, una exigencia que podría generar dificultades incluso en los partidos con mayor representación.
Si el Congreso rechaza únicamente la cláusula relacionada con la condena a los sistemas totalitarios, el resto de la reforma política podría continuar su tramitación hacia el Tribunal Constitucional y posteriormente pasar al Presidente José Antonio Kast para su revisión y eventual promulgación. En ese escenario, se eliminaría esa disposición sin modificar el objetivo central del proyecto.
