Política

Vivanco defendió borrado de chats: «Corresponden a mi vida privada»

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Vivanco chats
Foto: Poder Judicial
Un informe de 449 páginas remitido el pasado 3 de septiembre a la fiscal regional Carmen Gloria Wittwer analizó el dispositivo móvil que le fue incautado a la exministra de la Corte Suprema.

«Los mensajes borrados ya no pertenecen a la etapa de investigación, porque son muy posteriores a que yo saliera de mi cargo», aseveró la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco -al llegar a su reformalización en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago en el contexto de la llamada Trama Bielorrusa-, sobre el informe policial que alude a la eliminación de antecedentes y chats desde su teléfono previo a ser detenida.

«Por lo tanto, ya corresponden a mi vida privada”, dijo a la prensa en las afueras del Centro de Justicia de Santiago.

Consultada por las nuevas diligencias y la ampliación del expediente, Vivanco aseveró que “me parece que ya estamos en etapa de rastrojeo” y que “creo que se ha extendido demasiado la investigación. Justamente eso va a ser uno de los temas que se va a discutir hoy día, cuánto tiempo va a ser la investigación”.

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Recordemos que la exministra de la Corte Suprema actualmente cumple la medida cautelar de arresto domiciliario total, tras haber permanecido 133 días en prisión preventiva en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Joaquín.

La llamada Trama Bielorrusa persigue la presunta responsabilidad de Vivanco en delitos de cohecho. De acuerdo con la fiscalía, los abogados Gabriel Silber, Mario Vargas y Eduardo Lagos —en representación del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec— habrían realizado gestiones e ilícitos para beneficiarse de fallos dictados por la Tercera Sala de la Corte Suprema en un litigio contra Codelco.

A ese respeto Vivanco aseguró ahora que “nunca he dicho que haya sido amiga de ellos, dije que los conocía”, y puntualizó que con Silber solo sostuvo una reunión informal en su departamento.

TRASVASIJE DE INFORMACIÓN

Lo cierto es que recientes antecedentes policiales incorporados a la carpeta de investigación en su contra—un informe de 449 páginas remitido el pasado 3 de septiembre a la fiscal regional Carmen Gloria Wittwer—, analizó el dispositivo móvil que le fue incautado a Vivanco el 25 de enero.

En él se establece que el 24 de enero, un día antes del procedimiento de incautación, la imputada inició un “verdadero trasvasije de información” vinculada al proceso penal hacia un contacto registrado como “Anvi Martínez”. Según los investigadores, esa maniobra resulta compatible con la intención de “generar un respaldo externo de dicha información y, posteriormente, eliminar los antecedentes almacenados en su propio dispositivo telefónico”.

Asimismo, el reporte describe la eliminación de chats y datos como «una conducta reiterada» en diversos aparatos incautados a Vivanco durante el transcurso de la indagatoria.

De hecho, cita una conversación entre la exmagistrada y su exabogado defensor Carlos Mora, donde ella le solicita el reenvío de piezas procesales, querellas y resoluciones. “Así los tengo yo también porque ayer borré todo por si me quitaban el teléfono”, le escribió.

Al respecto Vivanco insistió hoy en que representa “el mínimo cuidado con la privacidad que cada ciudadano puede tener y más aún un abogado”.

PAGOS EN SOBRES

Según lo publicado por En Estrado, el análisis al dispositivo telefónico permitió establecer que la exjueza mantenía en su agenda los contactos de varios coimputados en la causa, entre ellos Carlos Eduardo Lagos Herrera, Víctor Gonzalo Migueles Oteiza, María Pía Peñaloza López, Mario Vargas Cociña, Sergio Yáber Lozano y Yamil Najle Alée, además de abogados vinculados a sus entornos defensivos.

Si bien la pericia no halló el contenido de los chats de Vivanco con esos personeros, Carabineros detectó indicios técnicos compatibles con interacciones vía WhatsApp, cuya ausencia atribuyeron a borrados manuales o configuraciones de seguridad.

A ello se suman hallazgos sobre coordinaciones con juristas argentinos que la representan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y referencias a pagos en dinero efectivo en dólares que se habrían entregado en sobres, así como la realización de una auditoría contable encargada para justificar sus ingresos ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).

 

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