La Cámara de Diputados rechazó la reforma constitucional que extendía a 30 días -prorrogable por hasta tres veces consecutivas- el plazo de detención para una persona durante el proceso de una expulsión administrativa.
Como norma que requiere quorum constitucional, necesitaba 89 apoyos para su aprobación, equivalentes a 4/7 de la Cámara. Obtuvo 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones.
Con ello, el proyecto impulsado por los ministerios de Interior, Justicia y Seguridad Pública no continúa su tramitación.
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Previo a la votación el ministro de Justicia, Fernando Rabat, advirtió que «el plazo de cinco días resulta insuficiente para completar todas las actuaciones que se exige en un procedimiento de expulsión».
Especificó que «dentro de estas actuaciones está la identificación y localización de los individuos. La práctica de la debida notificación, la obtención o verificación de sus documentos de viaje, la coordinación consular con el país de destino, los traslados internos hacia el punto de salida, entre otros. Por ello es que surge la necesidad de flexibilizar los plazos durante los cuales los extranjeros con orden de expulsión puedan mantenerse detenidos a fin de asegurar la efectividad de la medida».
El proyecto buscaba sustituir modificar el literal c) del numeral 7° del artículo 19 de la Constitución Política de la República por la siguiente redacción:
“El plazo de cuarenta y ocho horas no será aplicable tratándose de la materialización de expulsiones administrativas. Corresponderá a la ley fijar el plazo máximo, el cual no podrá ser inferior a cinco ni superior a treinta días corridos. El plazo podrá renovarse hasta por tres veces consecutivas, por un período igual o inferior al anteriormente decretado, cuando sea estrictamente necesario para asegurar la ejecución de una medida de expulsión. La renovación deberá ser autorizada judicialmente, en los casos y en la forma que determine la ley, previa solicitud fundada de la autoridad administrativa”.
AMENAZA O INFRACCIÓN
El debate del proyecto fue acalorado.
Carlos Carvajal (Ind. PPD) enfatizó que «no puedo respaldar que personas sean privadas de libertad hasta 90 días, únicamente por haber ingresado regularmente al país sin haber sido condenadas por la comisión de un delito».
«Por eso debemos distinguir entre quienes representan una real amenaza para la seguridad y quienes enfrentan una infracción de carácter migratorio», añadió.
Por su parte, Carolina Cucumides (PS) advirtió que la ampliación del plazo de detención “plantea serios cuestionamientos jurídicos, prácticos y humanitarios que no podemos pasar por alto”.
“Mientras el resto del sistema jurídico de chilenos somete toda detención a control judicial dentro de los plazos breves, entre 24 y 48 horas, aquí este control se posterga hasta 30 días, configurando un régimen de excepción para la libertad personal de los extranjeros”, agregó.
LA PUERTA O LA VENTANA
Desde el oficiaismo, en tanto, el diputado Eduardo Cretton (UDI) afirmó que «sin esta reforma la situación va a seguir siendo la misma, un Estado incapaz de cumplir con las resoluciones que él mismo dicta. Porque Chile se entra por la puerta y no por la ventana, votaremos a favor de este proyecto».
Coincidió con él Juan Carlos Beltrán (RN), pues «actualmente la autoridad dispone de sólo cinco días para concretar esta expulsión. Muchas veces ese tiempo no alcanza para comprobar la identidad, conseguir los documentos, coordinar el viaje y realizar el traslado .¿Qué ocurre entonces? La orden no se cumple y todo el trabajo realizado queda solamente en un papel y nada se concreta».
En el Partido Nacional Libertario (PNL), Hans Marowski, especificó que la ampliación del plazo de detención «tiene que servir para expulsar, no para mantener personas detenidas porque el Estado no sabe qué hacer con ellas».
