La Senadora Paulina Núñez pidió al Gobierno insistir en el Senado con la reforma que busca facilitar las expulsiones administrativas de personas en situación migratoria irregular.
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El proyecto fue rechazado en la Cámara de Diputadas y Diputados por un solo voto, luego de obtener 88 respaldos, 28 votos en contra y 19 abstenciones.
La iniciativa requería 89 votos favorables para continuar su tramitación.
Tras el resultado, la presidenta del Senado planteó que el Ejecutivo debe abrir una nueva etapa de diálogo para modificar los aspectos que dificultaron alcanzar una mayoría.
Núñez pide revisar el proyecto
Durante el seminario “Migración y política”, realizado en la Universidad Diego Portales junto a la exministra Carolina Tohá, Senadora Núñez abordó el futuro de la iniciativa.
La legisladora sostuvo que el Gobierno debe insistir, pero con un texto capaz de reunir apoyos de distintos sectores políticos.
“El Gobierno tiene que insistir en el Senado, pero con realismo legislativo y un texto que sea capaz de concitar un consenso”, afirmó.
Núñez agregó que Chile necesita contar con una herramienta legal que permita ejecutar las órdenes de expulsión.
“Chile no aguanta un año más esperando una norma que necesitamos para poder ejecutar las expulsiones administrativas”, sostuvo.
Senadora Núñez llama a destrabar el debate
La Senadora Núñez planteó que la discusión no debería concentrarse exclusivamente en el período de detención necesario para concretar una expulsión.
A su juicio, el objetivo central debe ser generar un mecanismo que permita al Estado cumplir las órdenes de expulsión dentro del marco legal.
En esa línea, señaló que todos los elementos del proyecto deben estar disponibles para ser revisados si eso permite alcanzar un acuerdo.
“No podemos transformar los días en un punto de bloqueo”, afirmó la parlamentaria.
Núñez sostuvo que, si modificar el plazo de detención permite construir una mayoría, ese aspecto debe formar parte de la negociación.
La presidenta del Senado recordó que el Ejecutivo puede solicitar que la Cámara Alta insista en la tramitación de la reforma.
Para ello, el Gobierno necesita reunir el respaldo de dos tercios de los senadores.
