La subsecretaria de Seguridad Pública, Pilar Giannini, aseguró que la adhesión de Chile al Escudo de las Américas “es clave para hacer frente a los problemas de seguridad pública” y que busca compartir información entre fuerzas policiales de 15 países y reducir las brechas.
“Es un acuerdo de compartimiento de información, de compartimiento y también entrenamiento entre las fuerzas, las policías, pero sobre todo cooperación y coordinación entre distintos países para abordar el crimen organizado”, dijo en onversación con La Tercera.
Aclaró también que “no tiene la misma naturaleza jurídica” que un tratado, y que es más bien «un acuerdo que pasa más a lo que se firmó anteriormente en el acuerdo de Santiago que tampoco implica operaciones militares conjuntas. Ese no es el espíritu».
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Giannini esbozó también la diferencias entre el Escudo de las Américas y, por ejemplo, el trabajo de Interpol, cuyo foco, dijo, es distinto.
“Interpol es un acuerdo uno a uno, o sea, ante una sospecha se consulta Interpol por un sujeto de interés en particular. Acá es un acuerdo entre 15 países donde se busca desbaratar y entender el fenómeno del crimen organizado como un fenómeno delictual”, detalló.
Asimismo, destacó lo que describió como «la trasnacionalidad del delito» recordando que “hay un estudio muy importante del Ministerio Público que es sobre organizaciones criminales y ahí se listan 17 organizaciones criminales que han sido identificadas en el país”. Y, “si bien una organización puede no estar instalada operando en el territorio con sus líderes, hay bandas que se operan para afuera y por tanto en este marco la cooperación es clave para desbaratar organizaciones criminales”.
AGENDA DE SEGURIDAD
Respecto del rechazo al proyecto que buscaba ampliar el plazo de detención de migrantes a 30 días, Ginnini aseguró que «la discusión está abierta. Se entiende la política, pero técnicamente en cinco días no alcanzamos a expulsar personas. Y por tanto, yo creo que va a haber una buena discusión en el Senado, y tengo la mejor de las expectativas respecto a esta discusión».
Recalcó que «si nos queremos hacer cargo de este problema de inmigración irregular, hay que aumentar el plazo».
En cuanto a la tramitación de la ley antibarricada 2.0, la subsecretaria sostuvo que «una manifestación pacífica siempre puede ser, pero no afectando otro derecho.
“La legítima discusión es ¿Qué derecho prima más? ¿El derecho a manifestarse o el derecho del resto de las personas de pasar libremente?»
Afirmó que «nosotros estamos ponderando, en este caso, en el bloqueo de las vías, porque nos estamos diciendo no se manifiesten. Manifiéstense, pero no bloqueen las vías».
