La posibilidad de solicitar libertad bajo fianza durante un proceso de deportación llegará a la Corte Suprema de Estados Unidos. El tribunal aceptó este jueves 1 de octubre revisar la política del Gobierno de Donald Trump que impone la detención obligatoria a inmigrantes en situación irregular, incluidos quienes llevan años viviendo en el país.
La controversia se concentra en si estas personas tienen derecho a una audiencia para evaluar su eventual liberación mientras impugnan una orden de expulsión. La decisión de examinar el caso no constituye, por sí misma, un fallo sobre la legalidad de la medida.
La política forma parte de la estrategia de deportaciones masivas de la Administración republicana y ha generado numerosas demandas de inmigrantes y organizaciones defensoras de sus derechos.
UNA NUEVA INTERPRETACIÓN DE LA LEY MIGRATORIA
En julio de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional emitió directrices que establecieron la detención obligatoria, sin audiencia de fianza, para inmigrantes sujetos a esta interpretación de la normativa. Los procedimientos de deportación pueden extenderse durante meses o años.
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El Gobierno sostiene que una ley migratoria de 1996 respalda esa facultad. Sin embargo, las instrucciones modificaron una interpretación aplicada durante casi tres décadas, que permitía a inmigrantes residentes en Estados Unidos solicitar su liberación bajo fianza mientras sus casos seguían pendientes.
En administraciones anteriores, la mayoría de los extranjeros sin antecedentes penales detenidos fuera de la frontera podía pedir una audiencia para evaluar esa posibilidad.
Los abogados del Ejecutivo argumentan que los fallos contradictorios dificultan la aplicación de la legislación: una persona puede quedar sometida a detención obligatoria en una jurisdicción y acceder a una audiencia de fianza en otra.
DEMANDANTES CUESTIONAN EL ALCANCE DE LAS DETENCIONES
Los inmigrantes representados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) cuestionan que el Gobierno extienda la restricción a personas detenidas en cualquier lugar del país, sin considerar cuánto tiempo han residido allí.
La organización sostiene que la nueva interpretación podría afectar a millones de extranjeros y destaca que cientos de jueces han rechazado el criterio de la Administración.
Según un análisis de Reuters publicado en febrero y citado por France 24, los tribunales habían determinado en más de 4.400 ocasiones que el Gobierno detuvo ilegalmente a inmigrantes bajo esta política.
FALLOS CONTRADICTORIOS LLEGAN AL MÁXIMO TRIBUNAL
Según la información publicada por France 24, jueces de apelaciones de nueve de los once circuitos federales concluyeron que negar estas audiencias vulnera la legislación federal. Los circuitos Quinto y Octavo, en cambio, respaldaron la detención obligatoria.
En febrero, el Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, falló a favor del Gobierno por dos votos contra uno y revocó decisiones que habían permitido liberar a dos ciudadanos mexicanos. La mayoría sostuvo que las prácticas de gobiernos anteriores no implicaban que estos carecieran de autoridad para aplicar medidas más estrictas.
Las resoluciones adversas del Segundo y del Sexto Circuito llevaron al Ejecutivo a recurrir a la Corte Suprema.
El tribunal deberá resolver esta disputa en un periodo en el que también examinará las deportaciones aceleradas a terceros países. En ese otro proceso, permitió el 29 de septiembre que el Gobierno reanudara provisionalmente las expulsiones y fijó para diciembre la presentación de argumentos.
🇺🇸 La Corte Suprema de EEUU anunció que examinará las detenciones sin fianza de inmigrantes ilegales.
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— 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) October 1, 2026
