Que la presentación se hizo “fuera de la oportunidad que la Constitución y la ley fijan como límite infranqueable para el ejercicio de esta competencia” fue el motivo que entregó el Tribunal Constitucional (TC) para no admitir a trámite el requerimiento de inconstitucionalidad que senadores de oposición presentaron en contra del proyecto de ley que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas, las RUF.
Así lo anunció tras su sesión ordinaria de pleno.
Lo que ocurrió fue que que el viernes 9 de octubre, unas horas antes de que los senadores opositores recurrieran al TC, el Ejecutivo ingresó el decreto promulgatorio de la ley a la Contraloría y, por eso luego pidió que que se desechara el requerimiento de los parlamentarios, por haber sido ingresado fuera de plazo.
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El organismo que preside la ministra María Pía Silva Gallinato concordó con lo planteado por el gobierno.
«Este Tribunal se encuentra habilitado para conocer de un requerimiento de inconstitucionalidad en la medida en que sea deducido dentro de la oportunidad establecida directamente en la Constitución», explicó la resolución.
«Conocer de un requerimiento formulado con posterioridad a dicha oportunidad importaría arrogarse una competencia que la Carta Fundamental no confiere», añadió el TC sobre el requerimiento respecto de las RUF.
SIN AMENAZA CONCRETA
Los senadores Fabiola Campillai, Karol Cariola, Claudia Pascual, Yasna Provoste, Juan Luis Castro y Alfonso De Urresti, entre otros, cuestionaban que la norma permita utilizar armamento letal ante ataques a infraestructura crítica o recintos militares sin exigir expresamente la existencia de una amenaza concreta, grave e inminente contra la vida o la integridad física de las personas.
Se referían específicamente a la expresión “o comprometer la seguridad militar o nacional, según corresponda”.
Con todo, una comisión mixta del Congreso zanjó las discrepancias entre ambas cámaras y el proyecto. Fue aprobado por el Senado el pasado 7 de octubre y quedó listo para sewr promulgado.
El 13 de octubre la contralora Dorothy Pérez tomó razón del decreto promulgatorio.
Ahora, para su entrada en vigencia, solo falta que la ley sea publicada en el Diario Oficial.
