La presidenta de Renovación Nacional, Andrea Balladares, advirtió que la salida del subsecretario Luis Silva «no puede entenderse como el cierre de esta crisis». La senadora cuestionó la forma en que el Gobierno ha enfrentado las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales. También reconoció que la controversia ha profundizado las diferencias entre el Partido Republicano y Chile Vamos.
En entrevista con El Mercurio, la parlamentaria calificó el episodio como una «crisis política» y reconoció su gravedad para el oficialismo. Sostuvo que «ha sido uno de los minutos más complejos de enfrentar» para los partidos que respaldan al Gobierno. Su diagnóstico llega mientras el Presidente José Antonio Kast mantiene su respaldo al ministro de Justicia, Fernando Rabat.
Balladares también advirtió que el conflicto «genera diferencias dentro de los distintos partidos en el enfoque, en cómo abordarlo, en cómo se deben tomar las decisiones». La dirigenta llamó a revisar la respuesta política del oficialismo. «Todos debemos reflexionar si estamos en el camino correcto», enfatizó.
Silva salió pero las responsabilidades permanecen
La presidenta de RN cuestionó la actuación del exsubsecretario, quien difundió un video atribuyendo a Rabat el criterio jurídico aplicado en los decretos. La publicación, que Silva realizó sin consultar al ministro, precipitó su salida del Gobierno. Sin embargo, Balladares dejó claro que la remoción no basta para superar el conflicto.
«El video que difundió Luis Silva no fue una explicación acertada», afirmó la senadora. También cuestionó que las autoridades intentaran trasladarse responsabilidades en medio de una controversia de esta gravedad. Su declaración apunta a la necesidad de asumir las consecuencias de las decisiones adoptadas.
Andrea Balladares sostuvo que se requiere coordinación y trabajo conjunto para enfrentar la crisis. Reconoció que la salida del subsecretario puede contribuir a corregir errores y recuperar la conducción política. Pero insistió en que esa decisión no representa el término de la controversia.
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El impacto de la crisis
Para Balladares, «Más allá de los análisis jurídicos, la situación política que se ha generado es grave. Y así lo ha reconocido el Presidente, el propio ministro Rabat, el vocero (Gonzalo Arenas) (…). Esta crisis tiene distintas aristas y creo que, además, un involucramiento de delitos particularmente sensibles para la opinión pública y para las personas, como son obviamente los delitos sexuales contra menores».
Agregó que «Nosotros, como partido, lo que hacemos es apoyar al Presidente, apoyar al Gobierno, pero claramente en el minuto de crisis en el que estamos, creo que tenemos que enfrentar esta reflexión y tenemos que ser capaces de poder visualizar todas las consideraciones que tiene la situación que se está enfrentando».
El supuesto desconocimiento de La Moneda acerca de los mentados decretos, para la senadora «ha dejado en evidencia que faltan espacios de coordinación, el que aún queda una parte de coordinación política, de coordinación comunicacional que se tiene que mejorar, de cómo se enfrentan las situaciones, estas crisis o las distintas resoluciones».
¿Libertad de acción?
También respondió acerca de cuál será la postura de RN frente a la acusación constitucional que impulsa la oposición contra el ministro Rabat: «Lo primero es que yo no me puedo referir, porque eventualmente, si la acusación pasa de la Cámara de Diputados, tendremos que votarla en el Senado como jurado. Pero sí, dentro de la Renovación Nacional, siempre en este tipo de situaciones lo que hemos hecho es que cada uno de los parlamentarios analice en su mérito cuando ya están los antecedentes y lo que siempre hemos pedido es que esa votación sea muy responsable y haciendo la evaluación en el mérito que corresponde».
«Somos un partido que apoya al Gobierno y el apoyarlo y ser leales también significa decirle al Gobierno cuando se esté equivocando, el poder plantear cuando tenemos diferencias», indicó.
Acerca del intento de Republicanos y los Nacional Libertarios de iniciar acusaciones en contra de la Corte Suprema, señaló: «Las acusaciones constitucionales son herramientas muy serias y no me parece prudente utilizarlas como respuesta a una controversia política. Si existen antecedentes de notable abandono de deberes por parte de ministros de la Corte Suprema, deben examinarse con rigor jurídico. Pero no podemos confundir una discrepancia por un fallo judicial con una infracción constitucional, ni pretender responder una acusación con otra».
La crisis divide a los aliados de La Moneda
Las declaraciones de Balladares evidencian que la controversia dejó de ser exclusivamente un problema del Ministerio de Justicia. La continuidad de Rabat ha provocado discrepancias entre los partidos oficialistas y cuestionamientos a la conducción política. El respaldo personal de Kast al ministro mantiene al Presidente directamente involucrado en la discusión.
La presidenta de RN reconoció que existen diferencias sobre cómo enfrentar el conflicto y adoptar decisiones. Su llamado a reflexionar sobre el camino del oficialismo constituye una advertencia desde uno de los principales partidos aliados. La remoción de Silva, por tanto, no ha conseguido cerrar las discrepancias políticas.
El Gobierno enfrenta además interrogantes sobre el cambio de criterio jurídico que permitió conceder las rebajas de condenas. Parlamentarios han solicitado establecer qué conocimiento tuvo la Presidencia de esas decisiones y si existieron coordinaciones con el ministerio. Mientras esas preguntas permanecen abiertas, Balladares advierte que la crisis exige respuestas que van más allá de un cambio de subsecretario.
