La rebaja de condenas a personas extranjeras condenadas por delitos relacionados con el narcotráfico encendió las críticas de un grupo de diputados, quienes exigieron explicaciones al Gobierno sobre la situación migratoria de los beneficiados durante 2026. Los parlamentarios Juan Santana (PS), Consuelo Veloso (FA), César Valenzuela (PS) y Marcos Barraza (PC) enviaron un oficio al subsecretario del Interior, Máximo Pavez, para conocer qué medidas adoptaron las autoridades tras las reducciones de penas.
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La iniciativa surgió luego de una investigación de Interferencia que analizó 150 decretos del Ministerio de Justicia y detectó que al menos 115 favorecieron a personas condenadas por infracciones a la Ley de Drogas.
A través del documento, los legisladores buscan establecer cuántos beneficiados tenían órdenes de expulsión vigentes cuando recuperaron anticipadamente su libertad, cuántos abandonaron efectivamente el país y cuántos continúan en territorio nacional.
Diputados cuestionan rebaja de condenas y exigen explicaciones
El diputado socialista Juan Santana explicó que el objetivo del oficio consiste en determinar si el Ministerio del Interior y el Servicio Nacional de Migraciones realizaron los trámites administrativos necesarios para concretar las expulsiones.
El parlamentario cuestionó las decisiones del Ejecutivo y recordó que el Gobierno llegó al poder con promesas centradas en seguridad pública. Sin embargo, sostuvo que los antecedentes conocidos durante los últimos meses contradicen ese compromiso.
Santana también mencionó las rebajas de penas que beneficiaron a condenados por delitos sexuales contra menores de edad y a personas involucradas en crímenes de lesa humanidad que cumplen condena en Punta Peuco. Ahora, agregó, los antecedentes incluyen a personas condenadas por tráfico de drogas.
Por su parte, el diputado comunista Marcos Barraza acusó al Ejecutivo de entregar un mensaje contradictorio en materia de seguridad y narcotráfico.
El legislador sostuvo que la ciudadanía necesita conocer qué ocurrió con los extranjeros que recibieron rebajas de condena y si las autoridades concretaron sus expulsiones. También planteó dudas sobre la posibilidad de que algunos beneficiados permanezcan en las calles o continúen cometiendo delitos.
Barraza afirmó que estos antecedentes resultan fundamentales para establecer responsabilidades políticas y evitar que situaciones similares se repitan.
Valenzuela acusa contradicciones del Gobierno en seguridad
El diputado socialista César Valenzuela también criticó las decisiones del Ejecutivo y cuestionó que el Gobierno promueva medidas contra la delincuencia mientras autoriza reducciones de penas para personas condenadas por delitos graves.
El parlamentario mencionó casos vinculados al tráfico de drogas y armas, incluidas municiones y granadas. A su juicio, estas decisiones contradicen el discurso que el oficialismo mantuvo durante su campaña sobre el combate al crimen organizado y la migración irregular.
Valenzuela sostuvo que el Estado realiza esfuerzos para detener y encarcelar a personas que cometen delitos, pero luego las rebajas de condena pueden facilitar su salida anticipada de prisión.
Por esta razón, cuestionó que el Ejecutivo solicite mayores recursos para seguridad mientras adopta medidas que, según su evaluación, podrían debilitar ese objetivo.
Veloso advierte sobre posibles riesgos para la seguridad pública
La diputada del Frente Amplio Consuelo Veloso incorporó otro antecedente a la discusión. La parlamentaria recordó el caso del asesinato de un cabo, cuyo presunto responsable también habría contado con un informe de Gendarmería que recomendaba una orden de expulsión debido a sus posibilidades de reincidencia.
Veloso relacionó esa situación con los casos de extranjeros que obtuvieron rebajas de condena y pidió al presidente José Antonio Kast transparentar qué ocurrió con sus procesos migratorios.
La legisladora advirtió que las decisiones de las autoridades pueden prevenir nuevos delitos cuando consideran los antecedentes de cada persona y adoptan medidas oportunas para proteger a la población.
Además, planteó su preocupación por las víctimas de delitos violentos y agresiones sexuales, quienes podrían enfrentar nuevamente a sus agresores si las instituciones no aplican medidas adecuadas.
Los casos de narcotráfico que aparecen en la investigación
Entre los antecedentes de rebaja de condenas que motivaron la solicitud de información figuran condenas por el ingreso y traslado de grandes cantidades de sustancias ilícitas a Chile.
La investigación identificó, entre otros casos, a un ciudadano colombiano detenido con 52 kilos de pasta base, un ciudadano boliviano vinculado al traslado de más de una tonelada de droga y un ciudadano venezolano que portaba 32,7 kilos de ketamina.
El oficio también solicita antecedentes sobre tres ciudadanos venezolanos condenados por robo con intimidación en La Serena. Según la investigación periodística, estas personas consiguieron rebajas de condena y posteriormente recuperaron su libertad.
Con estos antecedentes, los cuatro parlamentarios buscan que el Gobierno precise qué ocurrió con los beneficiados por las reducciones de penas y si las autoridades ejecutaron las eventuales órdenes de expulsión. La respuesta permitirá esclarecer cuántas personas permanecen en Chile y determinar si los organismos responsables cumplieron los procedimientos migratorios correspondientes.
