La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una indicación del diputado Carlos Carvajal (PPD) para reponer recursos destinados a la Ley Ricarte Soto. La propuesta aumenta en $22.744 millones el financiamiento contemplado para diagnósticos y tratamientos de alto costo en el Presupuesto 2027. La votación terminó con 70 votos a favor, 60 en contra y tres abstenciones.
La iniciativa surgió durante la discusión de la partida del Ministerio de Salud, una de las más controvertidas de la tramitación presupuestaria. Carvajal cuestionó la disminución de recursos que el Ejecutivo había considerado para este programa. Su propuesta busca recuperar el financiamiento destinado a pacientes que requieren tratamientos de elevado costo.
La indicación deberá superar las siguientes etapas de la tramitación legislativa antes de incorporarse definitivamente al Presupuesto 2027. El Gobierno formuló una reserva de constitucionalidad por las atribuciones exclusivas del Presidente en materia de gasto público. La controversia deberá resolverse durante la tramitación restante del Presupuesto 2027.
Recursos para tratamientos de alto costo
La indicación aprobada modifica la asignación del Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo, administrado a través de Fonasa. El monto contemplado originalmente ascendía a $166.951 millones, mientras que la propuesta parlamentaria lo eleva a $189.695 millones. La diferencia representa un aumento cercano al 13,6%.
La Ley N.º 20.850, conocida como Ley Ricarte Soto, establece un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo. Su cobertura comprende determinadas enfermedades y tecnologías sanitarias incorporadas mediante los procedimientos legales correspondientes. El mecanismo busca evitar que el costo de estas prestaciones recaiga íntegramente sobre los pacientes y sus familias.
Por esa razón, los recursos asignados al fondo tienen especial importancia para quienes dependen de tratamientos continuos. La discusión presupuestaria afecta el financiamiento disponible para cumplir las prestaciones que contempla la normativa. El debate también obliga a distinguir entre las coberturas legalmente garantizadas y los recursos necesarios para financiarlas.
Carvajal cuestiona la reducción presupuestaria
El diputado por Tarapacá defendió la indicación y criticó la decisión del Ejecutivo de reducir los fondos considerados para el programa. A su juicio, la medida genera incertidumbre entre quienes necesitan acceder a tratamientos de alto costo. El parlamentario sostuvo que la protección sanitaria debe constituir una prioridad presupuestaria.
«La Ley Ricarte Soto es uno de los avances más importantes que ha tenido nuestro sistema de salud», afirmó Carvajal. El diputado destacó que el mecanismo garantiza financiamiento estatal para tratamientos de distintas enfermedades complejas. También calificó como «un error brutal» la reducción propuesta por el Gobierno.
Durante la discusión parlamentaria, Carvajal insistió en la dimensión sanitaria y social del debate. «Menos recursos para la Ley Ricarte Soto es de una indolencia increíble», declaró al defender su indicación. Y concluyó con un llamado: «Frente a un tecnicismo, elijamos cumplir con el derecho fundamental a la salud».
Gobierno objeta la indicación aprobada
La aprobación de la propuesta abrió una controversia jurídica con el Ejecutivo. El ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, formuló una reserva de constitucionalidad respecto del aumento de recursos. Su objeción se relaciona con las limitaciones que la Constitución establece para las iniciativas parlamentarias que incrementan el gasto público.
El ordenamiento constitucional reserva al Presidente de la República la iniciativa exclusiva en determinadas materias financieras y presupuestarias. Por ello, la discusión no se limita a determinar si el aumento resulta conveniente para los pacientes. También comprende la facultad del Congreso para modificar las asignaciones propuestas por el Ejecutivo.
Presupuesto de Salud bajo controversia
La partida del Ministerio de Salud concentró numerosas indicaciones y diferencias entre el Gobierno y los parlamentarios. Durante su tramitación también surgieron cuestionamientos por el financiamiento de la Atención Primaria de Salud. Los gremios sanitarios expresaron preocupación por el congelamiento del aporte per cápita y los cambios en otros programas.
La discusión reflejó las dificultades para conciliar las restricciones presupuestarias con las necesidades de financiamiento del sistema público. En ese contexto, la Ley Ricarte Soto adquirió especial protagonismo por su relación con enfermedades que requieren prestaciones costosas. La votación permitió aprobar una propuesta de mayor financiamiento, aunque todavía sin efectos definitivos.
El destino de los $22.744 millones adicionales dependerá de las decisiones que adopte el Congreso durante la tramitación restante. También permanecerá abierta la discusión sobre las atribuciones constitucionales para modificar el gasto público. Mientras tanto, la controversia mantiene en primer plano el financiamiento de los tratamientos de alto costo que garantiza la legislación chilena.
