El exministro de Hacienda Ignacio Briones criticó duramente el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los transportistas que paralizaron distintas rutas del país. Cuestionó que los transportistas obtuvieran mayores beneficios tributarios después de recurrir a cortes carreteros como mecanismo de presión. Consideró que se les dio a los camioneros un premio millonario por el bloqueo de las rutas. También advirtió sobre el costo fiscal y las consecuencias institucionales de esa decisión.
La controversia surgió luego de que el Ejecutivo lograra poner fin a las movilizaciones motivadas por el aumento del precio de los combustibles. Las negociaciones concluyeron el jueves con compromisos económicos para aliviar los costos del transporte. Sin embargo, Briones sostuvo que el resultado también constituye una recompensa por las ocupaciones de rutas.
El economista, quien encabezó Hacienda durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, expresó sus reparos mediante su cuenta de X. Allí recordó que los camioneros ya contaban con un mecanismo especial de devolución del impuesto específico al diésel. El acuerdo, según explicó, no solamente mantiene ese beneficio, sino que lo incrementa.
Un beneficio de US$100 millones anuales
Briones calculó que el aumento de la devolución tributaria representará un costo fiscal de US$100 millones anuales cuando opere plenamente. Según sus cifras, el beneficio equivale a un promedio de $3,5 millones por camionero. Su cuestionamiento fue más allá del monto comprometido por el Estado.
El exsecretario de Estado relacionó expresamente las concesiones económicas con la forma en que los transportistas ejercieron presión sobre el Ejecutivo. En ese contexto, ironizó sobre el resultado obtenido tras las movilizaciones. «Nada mal el premio por unos días de toma de rutas vulnerando el Estado de derecho», escribió Briones.
La observación apunta a una controversia que excede al sector del transporte. Se trata de determinar qué consecuencias tiene para la institucionalidad que un grupo consiga beneficios mediante la interrupción de carreteras. Briones considera que responder con concesiones económicas a esas medidas termina debilitando las reglas que deben respetar todos los sectores.
El acuerdo que permitió terminar el paro
El entendimiento entre La Moneda y los dirigentes camioneros se alcanzó el jueves 12 de noviembre, después de intensas negociaciones. Entre sus principales compromisos figura una reducción de $142 por litro en el precio del diésel. También contempla extender hasta el 31 de marzo de 2027 el congelamiento de las alzas de combustibles.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió entonces la capacidad fiscal del Gobierno para enfrentar la crisis energética. Según explicó al anunciar el acuerdo, el esfuerzo económico inmediato rondaría los US$500 millones. Posteriormente, el subsecretario Sebastián Vallebona estimó que el conjunto de medidas podría alcanzar aproximadamente US$900 millones entre este año y el próximo.
Esos montos corresponden al paquete de compromisos gubernamentales y no deben confundirse con los US$100 millones anuales señalados por Briones. Esta última cifra se refiere específicamente al incremento del beneficio tributario asociado al diésel. La distinción permite dimensionar tanto el acuerdo general como uno de sus componentes más controvertidos.
Una crítica que trasciende al Gobierno
Briones aclaró que sus cuestionamientos no están dirigidos exclusivamente a la administración del Presidente José Antonio Kast. Recordó que ya había criticado las ocupaciones de rutas en una columna publicada en 2022. Su reparo, explicó, apunta a una práctica que considera perjudicial independientemente de quién gobierne.
«Dar beneficios ante tomas ilegales las valida, incentiva a otros a hacer lo mismo y debilita el Estado de derecho», sostuvo.
El exministro reconoció que las autoridades enfrentan escenarios políticos complejos cuando deben resolver conflictos de esta naturaleza. Sin embargo, insistió en que esas dificultades no justifican dejar de cuestionar los mecanismos de presión utilizados. A su juicio, terminar con la práctica exige precisamente discutir sus consecuencias.
El Gobierno consiguió desactivar la paralización y restablecer la circulación en las rutas afectadas. Pero las críticas de Briones abren otra discusión: cuánto debe pagar el Estado para resolver una movilización y qué precedente deja esa negociación. Porque el conflicto terminó en las carreteras, aunque sus efectos sobre las finanzas públicas y las futuras protestas todavía están por verse.
Esta vez el acuerdo deja una señal preocupante: quien busque beneficios del Estado podría concluir que resulta más eficaz bloquear carreteras que recurrir a los mecanismos institucionales. El Gobierno logró terminar la paralización, pero al conceder ventajas económicas después de esa presión arriesga incentivar nuevas acciones similares. La pregunta es qué ocurrirá cuando otro sector decida utilizar el mismo procedimiento para conseguir sus demandas.
