Durante el ciclo de seminarios «Presidenciales 2025», organizado por Clapes UC el 24 de septiembre de 2025, el entonces candidato José Antonio Kast lanzó un desafío: “En 18 meses júzguenme y me piden el cargo. Me juzgará la ciudadanía y los parlamentarios”. Hoy, convertido en Presidente de la República, avanza de tumbo en tumbo hacia el plazo que él mismo fijó.
El problema del gobierno de José Antonio Kast ya no puede examinarse únicamente a través de las dificultades de sus ministros. Las controversias de Justicia, Hacienda e Interior tienen orígenes distintos, pero plantean una interrogante común: ¿Cómo se conduce el Ejecutivo? La respuesta importa bastante más que la identidad de quienes eventualmente abandonen sus cargos.
Estamos frente a un Ejecutivo afectado por serios conflictos internos, resultados económicos adversos y pérdida de confianza. La coordinación ministerial y las tensiones provocadas por decisiones que terminan comprometiendo al Presidente son pan nuestro de cada día. Sin embargo, el problema de fondo merece una reflexión que trascienda la nómina de ministros cuestionados. Y el plazo de 18 meses sigue corriendo…
Cuando los problemas dejan de ser individuales
Todo gobierno enfrenta errores, desacuerdos y dificultades de gestión. Ningún gabinete está libre de controversias, ni la existencia de conflictos demuestra necesariamente una conducción deficiente. Pero cuando estos se acumulan en áreas estratégicas, resulta indispensable examinar también los mecanismos de dirección presidencial.
Hacienda enfrenta cuestionamientos por sus decisiones económicas y las posteriores rectificaciones del Ejecutivo. Justicia mantiene abierta una controversia institucional por las rebajas de condenas y la permanencia del ministro Fernando Rabat. Interior exhibe dificultades de coordinación, mientras Ciencias y el Ministerio de la Mujer arden públicamente cada día. ¿A qué seguir? El problema es casi generalizado.
Claro que sería incorrecto atribuir idénticas causas a situaciones tan diferentes. También sería insuficiente examinarlas como episodios completamente independientes, sin considerar la responsabilidad de quien dirige el conjunto del Gobierno. La Presidencia no es una oficina de recepción de problemas ministeriales que, en lugar de resolverlos, los acumula. Es el centro de conducción del Poder Ejecutivo. O debiera serlo.
Rectificar no equivale necesariamente a gobernar
Una administración responsable debe corregir sus decisiones cuando aparecen nuevos antecedentes o cambian las circunstancias, por cierto. La rectificación constituye una herramienta legítima de gobierno y puede demostrar capacidad de adaptación. El problema surge cuando las correcciones son la regla y además carecen de una explicación coherente o parecen responder exclusivamente a presiones externas.
Las controversias por los combustibles y las negociaciones con los transportistas permiten examinar esa diferencia. También la permiten los ajustes presupuestarios anunciados y posteriormente revisados, que generaron incertidumbre sobre determinadas políticas sociales. En ambos casos corresponde preguntar qué antecedentes justificaron las decisiones iniciales y cuáles motivaron sus modificaciones.
La autoridad no se fortalece simplemente manteniendo una posición, incluso cuando los hechos aconsejan cambiarla. Tampoco se fortalece rectificando sin explicar por qué la decisión original dejó de ser adecuada. Gobernar exige establecer prioridades, anticipar consecuencias y asumir públicamente las razones de cada determinación.
La responsabilidad que no puede delegarse
Nuestra Constitución entrega al Presidente de la República el gobierno y la administración del Estado. Los ministros son sus colaboradores directos e inmediatos, con responsabilidades políticas y jurídicas propias. Pero esa distribución de funciones no elimina el deber presidencial de conducir, coordinar y supervisar la acción gubernamental.
El caso Rabat permite observar con claridad esta distinción. Una cuestión es la responsabilidad que pueda corresponder al ministro por sus actuaciones y otra, diferente, es la decisión presidencial de mantenerlo. Esta última pertenece al ámbito de las atribuciones políticas de Kast y debe examinarse conforme a sus propias consecuencias.
Los ministros responden por sus actos, pero el Presidente responde por la conducción de su Gobierno. No puede atribuir a sus colaboradores los errores que conoce, las decisiones que respalda ni las consecuencias de mantenerlos en sus cargos. Cuando los problemas se multiplican y las soluciones no llegan, la responsabilidad deja de estar dispersa entre ministerios y se concentra en La Moneda. Allí se toman las decisiones y allí deben asumirse sus consecuencias.
La lealtad no reemplaza la responsabilidad
Las recientes declaraciones del senador Manuel José Ossandón incorporan un elemento particularmente significativo al debate. El parlamentario de Renovación Nacional cuestionó la conducción presidencial y sostuvo que él habría apartado a Rabat desde el primer momento. También criticó la estrategia económica de Jorge Quiroz y reclamó respuestas más inmediatas a las dificultades ciudadanas.
Su observación sobre la lealtad presidencial merece especial atención. Un Presidente puede valorar legítimamente la confianza personal y política que mantiene con sus colaboradores. Pero esa confianza no constituye, por sí sola, una justificación suficiente para conservarlos cuando su gestión enfrenta cuestionamientos relevantes.
La permanencia de un ministro debe responder a razones de interés público, no solamente a vínculos de confianza, amistad o quién sabe qué. Del mismo modo, su remoción exige evaluar responsabilidades, resultados y necesidades de la administración. La lealtad institucional consiste en anteponer los deberes del cargo a las preferencias personales.
Cambiar ministros sin cambiar los criterios
Un cambio de gabinete puede resolver conflictos, renovar equipos y mejorar la coordinación gubernamental. Pero nada de eso sirve si el Presidente insiste en mantener los mismos criterios que originaron los problemas. Mientras la cabeza siga empecinada en no corregir el rumbo, solo cambiarán los nombres. Y los errores seguirán teniendo el mismo domicilio: La Moneda
Si los nuevos ministros reciben las mismas instrucciones, mantienen idénticos mecanismos de decisión y enfrentan iguales restricciones, las dificultades pueden persistir. El problema no reside necesariamente en las personas, aunque estas deban responder por sus actuaciones. También puede encontrarse en la forma en que se definen desde presidencia las prioridades y se distribuye el poder de decisión.
Por eso, la discusión sobre un eventual ajuste ministerial debería comenzar con preguntas más exigentes. ¿Qué políticas cambiarían, qué procedimientos se corregirían y qué autonomía tendrían los nuevos integrantes del gabinete? Sin respuestas concretas, la renovación podría modificar la apariencia del Ejecutivo sin alterar sus prácticas.
La conducción presidencial bajo examen
La encuesta Descifra incorpora otro antecedente a esta discusión. Sus resultados muestran diferencias en la evaluación ciudadana de los ministros y permiten observar cómo determinadas controversias afectan su imagen pública. Aunque esas mediciones no explican por sí mismas las causas del desgaste, aportan información sobre su dimensión política.
La pérdida de confianza no se resuelve necesariamente mediante anuncios, reemplazos o cambios comunicacionales. Recuperarla -si es que aún hay tiempo- exige decisiones comprensibles, resultados verificables y capacidad para responder a las consecuencias de las políticas públicas. También requiere distinguir los errores individuales de los problemas que corresponden a la conducción general.
Kast conserva las atribuciones constitucionales para definir su gabinete y orientar la acción de sus ministros. Precisamente por ello, el debate no puede agotarse en identificar quiénes deberían abandonar La Moneda. La responsabilidad de conducir el Gobierno seguirá siendo presidencial, independientemente de los cambios que introduzca en su equipo.
Durante su campaña, el propio José Antonio Kast formuló una invitación que hoy adquiere especial relevancia: “En 18 meses júzguenme y me piden el cargo. Me juzgará la ciudadanía y los parlamentarios”.
El plazo todavía no se cumple. Pero la responsabilidad política no comienza cuando vence el plazo que un candidato propone para evaluar su gestión. Comienza cuando asume la Presidencia de la República.






