La Municipalidad de Melipilla presentó una querella contra Iván Campos, exalcalde de la comuna, por el delito de fraude al fisco.
La acción judicial incluye, además del exjefe comunal independiente apoyado por Renovación Nacional (RN), al exdirector jurídico de su administración, Rodrigo Videla, y del exdirector de Administración y Finanzas (s), Francisco Devia.
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“Ahora serán los tribunales quienes tendrán que dar por acreditados los hechos y los responsables tendrán que pagar cada peso que tuvo que gastar el municipio por su inoperancia», dijo la actual alcaldesa, Lorena Olavarría.
HISTORIA DE LA DEBACLE
El 16 de diciembre de 2020 la administración de Campos firmó un contrato para adquirir un terreno destinado a expandir el Vertedero de Popeta.
El precio acordado fue de $1.656.952.000, los que debían cancelarse en cuatro cuotas de 100 millones y luego el remanente de $1.256.952.000.
En el documento, redactado por la Dirección Jurídica de la administración de Campos, se incluyó una cláusula de incumplimiento, que solo afectaba a la municipalidad de Melipilla, y que tenía un valor aproximado de 497 millones de pesos.
Desde el municipio explicaron que la primera cuota de los $1.656.952.000, se pagó al momento de la firma del contrato y la segunda debía ser cancelada antes del 30 de abril del 2021.
Esto no ocurrió, pues se argumentó que no fue posible aprovisionar el dinero requerido por falta de recursos.
El 3 de junio de 2021, cuando ya había una nueva alcaldesa , los dueños del terreno demandaron para poner fin al contrato y cobrar la multa, que ascendió a 497 millones de pesos.
Entonces el Concejo Municipal de Melipilla acordó pagar esta multa en cuotas, las que fueron canceladas hasta julio de 2022.
LA INVESTIGACIÓN
Luego de eso, la alcaldesa Olavarría ordenó una investigación interna a la administración del exalcalde Campos (2016 a 2021) para dilucidar por qué se había aducido falta de recursos para pagar la segunda cuota del terreno.
La sorpresa fue que durante marzo y abril de 2021 hubo una liquidez promedio diaria que sí era suficiente para realizar el pago.
Los antecedentes fueron entregados al Ministerio Público.
También intervinieron la Contraloría General de la República, que dio a conocer una serie de irregularidades ocurridas durante en el proceso de compraventa, y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), institución a la que fueron remitidos los hechos.
Ahora la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad presentó una querella por fraude al fisco en contra de todos quienes resulten responsables por la celebración del contrato de compraventa, especialmente el exalcalde Campos y sus dos hombres de confianza, quienes arriesgan la pena de 15 años de presidio mayor en su grado medio.
