Descartan irregularidades en la organización de los Panamericanos. La cámara aseguró que no existen irregularidades, retrasos ni deficiencias en la realización de Santiago 2023.
Los dos informes presentados narran sobre la inconveniencia de realizar transferencias de recursos públicos a una entidad privada como la Corporación Santiago 2023.
A su vez hacen un análisis crítico de la creación de dicha entidad y su funcionamiento como ente organizador de los Juegos Panamericanos.
Finalmente, la comisión que indagó sobre los actos del Gobierno llevados a cabo por el Ministerio del Deporte y por el Instituto Nacional del Deporte, en los Juegos Panamericanos 2023 dio su informe final.
Vale destacar que esta comisión investigó sobre el aumento desproporcionado de los recursos destinados al evento, retraso de las obras y deficiente funcionamiento de la Corporación Santiago 2023.
Esta correspondiente a los años transcurridos entre 2018 y 2023.
Para ir más a fondo
En términos concretos, los dos informes narran sobre la inconveniencia de realizar transferencias de recursos públicos a una entidad privada como la Corporación Santiago 2023.
También hacen un análisis crítico de la creación de dicha entidad y su funcionamiento como ente organizador de los Juegos Panamericanos.
En el texto, al que tuvo acceso ADN Deportes, se plantea que hay “una serie de cuestionamientos, los cuales se han podido despejar a raíz de las exposiciones y antecedentes entregados por los diversos actores”.
Respecto a uno de los temas investigados, como la proyección de recursos y las acusaciones de sobreprecio en licitaciones.
La Comisión Investigadora justificó los aumentos de presupuesto en cerca de 153% respecto a los datos iniciales.
Se ejemplificó con el Parque Estadio Nacional en que “es natural que los contratos sufran modificaciones»
Números en la mesa
«En especial estas obras, que fueron concebidas durante un periodo de incertidumbre vivido a nivel mundial, provocado por la irrupción del COVID-19 y su extensión en el tiempo”.
Aseguró además que “el crecimiento del monto de los contratos entre su inicio y su actual condición se establecen entre 31 al 36%».
«El mencionado crecimiento se explica principalmente por el efecto inflacionario en el periodo 2021 al 2022″.
En cuanto a la rendición de los montos, acreditaron que “existen procedimientos en cursos y plazos vigentes para realizar las rendiciones”.
A modo de ejemplo, en el caso del Proyecto Cerrillos.
“Resulta clave mencionar que se acreditó durante el desarrollo de la Comisión que se transfirieron menos recursos que los pensados inicialmente».
En concreto, M$6.499, y la entidad cuenta con un plazo vigente para rendir a mayo 2024.
«En el caso de la Corporación Santiago 2023, para obras de mejoramiento/reposición de infraestructura (M$1.783), cuentan con plazo vigente para rendir a febrero del presente año”.
Al margen de lo anterior
La Comisión Investigadora defiende el rol de la Contraloría General de la República.
Esto en torno a los sumarios ya instruidos al Instituto Nacional del Deporte por eventuales negligencias en retrasos e incumplimientos de obras realizadas.
Sin embargo, cuestiona las acusaciones iniciales de Dorothy Pérez, evidenciando un cambio de postura cuando, cinco días después de su presentación.
“Señala de forma expresa que no se entendían perdidos los dineros y que se había generado una mesa de trabajo entre el Ministerio del Deporte, el Instituto Nacional de Deportes y la Contraloría General de la República”.
En el mismo tono, critican que haya derivado antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, asegurando que:
«Resultaría pertinente al cierre integral del proceso, previsto para junio del presente año 2024».
En el evento de que la entidad privada mantenga, a esa data, fondos sin rendir u observaciones del Instituto Nacional del Deporte sin responder.
Punto pendiente
El único tema no resuelto por zanjar pasa por la contratación por parte de la Corporación Santiago 2023 de personas a honorarios.
Aquello derivará en causas judiciales posiblemente pagadas con recursos públicos.
Sin embargo, dicha materia no es parte del mandato a la Comisión Investigadora, pues dichas contrataciones tampoco se consideran “actos de gobierno”.
Aun así, se critica el desarrollo de una Corporación de derecho privado para organizar los Juegos Panamericanos.
Lo anterior aludiendo a que “debe ser una práctica erradicada a la luz de las normas y principios que rigen el Derecho Administrativo, la función pública y el correcto uso de recursos públicos”.
