Los funcionarios de salud municipal de Puente Alto mantienen el paro indefinido iniciado tras una serie de hechos de violencia en Bajos de Mena que provocan inseguridad al personal y pacientes. Aunque alcanzaron un acuerdo con la Delegación Presidencial Metropolitana, los trabajadores exigen que las autoridades concreten la instalación de resguardo policial permanente. Mientras ello no ocurra, los ocho Centros de Salud Familiar (Cesfam) de la comuna seguirán funcionando únicamente con turnos éticos.
Jesús Montealegre, vocero de la Asociación de Funcionarios de Salud de Puente Alto, confirmó este sábado la continuidad de la movilización. En declaraciones a Radio Cooperativa, explicó que la firma de compromisos administrativos no garantiza todavía la seguridad de los establecimientos. Los funcionarios esperan la instalación efectiva de dos puntos fijos de Carabineros en los recintos más afectados.
La paralización también alcanza a establecimientos menores de atención primaria, que mantienen servicios restringidos para responder a las necesidades más urgentes. Los trabajadores buscan proteger tanto a los equipos médicos como a los pacientes que concurren a los consultorios. La situación amenaza con prolongar las dificultades de acceso a la salud en una de las comunas más pobladas del país.
Balaceras desatan crisis en los consultorios
El conflicto se agravó después de una balacera registrada durante la noche del miércoles en las cercanías del Cesfam Cardenal Raúl Silva Henríquez. Al menos cinco personas heridas de bala llegaron al establecimiento, situación que obligó a suspender temporalmente sus atenciones. Los funcionarios denunciaron que el recinto no contaba con el punto fijo policial que habían solicitado.
Durante la madrugada del viernes se registró otro episodio que profundizó la preocupación de los trabajadores. Una persona herida de bala ingresó al Cesfam Karol Wojtyla, también ubicado en Bajos de Mena, sin que existiera vigilancia policial permanente. El paciente debió ser trasladado al Hospital Sótero del Río.
El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, cuestionó la ausencia de protección y emplazó directamente al Ministerio de Seguridad Pública. «No había personal de punto fijo nuevamente en el lugar y los funcionarios sienten mucha inseguridad», denunció el jefe comunal. La reiteración de estos episodios terminó por extender la paralización a los ocho Cesfam municipales.
Acuerdo con el Gobierno todavía no se concreta
Tras una reunión de aproximadamente cuatro horas, el alcalde Toledo y el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, acordaron gestionar la reinstalación de dos puntos fijos policiales. La Delegación Presidencial ofició a la autoridad regional de Seguridad Pública para avanzar en la medida. Sin embargo, el procedimiento todavía requiere coordinaciones con Carabineros para concretar el despliegue.
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El alcalde advirtió que los compromisos deben traducirse en protección efectiva y no quedarse únicamente en documentos administrativos. «Lo peor que nos podría pasar nuevamente es que con este documento en mano, hoy día en la noche nuevamente no esté carabineros y tengamos otros heridos», sostuvo Toledo. Los trabajadores comparten esa preocupación y condicionan el término de la movilización al cumplimiento de las medidas.
El delegado Codina reconoció que los puntos fijos policiales que anteriormente protegían los consultorios fueron retirados en diciembre de 2025. También destacó la importancia de restablecer el servicio para garantizar la atención de salud en Bajos de Mena. Según la autoridad, los recintos afectados prestan servicios a una población aproximada de 150 mil personas.
Ministerio de Seguridad ofrece rindas policiales
Desde el Ministerio de Seguridad Pública, el ministro Martín Arrau aseguró que el Gobierno había dispuesto medidas de protección en los establecimientos. La autoridad afirmó que existen radiopatrullas asignadas para realizar rondas específicas en los consultorios. Sin embargo, los trabajadores consideran insuficiente esa modalidad frente a los reiterados episodios de violencia.
La diferencia entre las medidas anunciadas y las exigencias del personal sanitario mantiene abierto el conflicto. Los funcionarios solicitan vigilancia policial fija, mientras las autoridades han destacado la existencia de patrullajes y las gestiones para reforzar el resguardo. La continuidad del paro evidencia que el acuerdo todavía no satisface las condiciones planteadas por los trabajadores.
Por ahora, los centros asistenciales mantienen turnos éticos para responder a las necesidades urgentes de la población. La movilización afecta el funcionamiento habitual de la atención primaria y agrega dificultades a los vecinos que dependen de la red municipal. La normalización del servicio queda condicionada a que la protección policial comprometida deje de ser una promesa y se convierta en una medida efectiva.
