El diputado Daniel Manouchehri exigió explicaciones al Presidente José Antonio Kast tras conocerse la nueva detención de Edixon Escobar García, condenado por tráfico de drogas que recibió una reducción de seis meses de pena mediante un decreto firmado por el ministro de Justicia, Fernando Rabat.
“El Presidente es responsable político de estas decisiones y tiene que dar la cara por sus consecuencias”, afirmó el parlamentario en X. Además, pidió que el mandatario transparente si recibió solicitudes de personas beneficiadas, sus abogados o familiares, y si intervino en alguna de estas decisiones.
El emplazamiento a Kast surge después de que una investigación de Interferencia que revelara que el Juzgado de Garantía de Arica decretó el pasado 30 de octubre la prisión preventiva de Escobar García y de un ciudadano colombiano, en una nueva investigación por tráfico de sustancias ilícitas.
Esta medida cautelar no constituye una condena por los nuevos hechos investigados.
UNA REBAJA POSTERIOR AL RECHAZO DE LIBERTAD CONDICIONAL
Según los antecedentes publicados, Rabat firmó el 23 de abril de 2026 el decreto que redujo en seis meses la condena de Escobar García, de nacionalidad venezolana.
La decisión llegó después de dos antecedentes penitenciarios. En abril de 2025, una comisión le había negado la libertad condicional al identificar factores de riesgo de reincidencia. Tres meses más tarde, Gendarmería lo sancionó con suspensión de visitas por participar en desórdenes colectivos dentro del penal.
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De acuerdo con Interferencia, el decreto sostuvo que el Ministerio de Justicia no podía rechazar la reducción únicamente por la gravedad del delito cuando se cumplieran las condiciones legales.
El caso abrió también interrogantes sobre la coordinación entre organismos públicos: el documento se distribuyó a Gendarmería, la Seremi de Justicia y el Registro Civil, pero no a la Policía de Investigaciones ni al Servicio Nacional de Migraciones.
Según la revisión del medio, Justicia comenzó a incorporar a estas dos últimas instituciones en la distribución de los decretos en junio de este año.
LA EXPULSIÓN QUE INICIALMENTE SUSTITUYÓ LA CÁRCEL
La primera condena por tráfico de Escobar García se originó en agosto de 2020, cuando ingresó a Chile desde Perú por un paso no habilitado junto a otras cuatro personas. El grupo transportaba 25,5 kilos de cannabis y dos kilos de clorhidrato de cocaína.
El Tribunal Oral en lo Penal de Arica le impuso cinco años de presidio, pero inicialmente sustituyó esa pena por la expulsión del país, con prohibición de regresar durante diez años.
La suspensión de vuelos hacia Venezuela durante la pandemia dificultó la ejecución de la medida. Según Interferencia, la carpeta judicial revisada no permite establecer con claridad si la expulsión llegó a concretarse.
En enero de 2023, Escobar García fue detenido y formalizado en una investigación por un homicidio ocurrido en octubre de 2022. Tras ello, el tribunal revocó la pena sustitutiva y ordenó el cumplimiento de los cinco años de cárcel por tráfico.
Sin embargo, en mayo de 2025 fue sobreseído de la causa por homicidio, después de que la Fiscalía reconociera que carecía de pruebas suficientes para sostener la imputación.
EL EMPLAZAMIENTO APUNTA A LA MONEDA
Manouchehri extendió sus cuestionamientos desde el Ministerio de Justicia hacia el Presidente. En su publicación, solicitó aclarar qué sabía Kast sobre las rebajas, desde cuándo y qué participación tuvo en estas decisiones.
Las preguntas del diputado no acreditan que el mandatario haya intervenido personalmente en el beneficio concedido a Escobar García. Su declaración busca que La Moneda explique su actuación frente a una controversia que ahora incorpora la nueva detención de uno de los beneficiados.
El caso suma presión política sobre los criterios de revisión de las reducciones de condena y la coordinación de las instituciones encargadas del cumplimiento de penas y los procedimientos de expulsión.
Kast beneficia al crimen. Mientras se pasea de la mano con Rabat, un narco al que le rebajó la condena ya fue detenido nuevamente por tráfico. El Presidente es responsable político de estas decisiones y tiene que dar la cara por sus consecuencias.
Y que Kast responda: ¿Conocía a alguno de los que recibieron estas rebajas? ¿Recibió solicitudes de ellos, sus abogados o familiares? ¿Intervino personalmente para beneficiarlos? Que transparente sus contactos y explique qué sabía, desde cuándo y qué participación tuvo en estas políticas en favor de criminales.
— Daniel Manouchehri (@danimanouchehri) November 6, 2026






