«Vamos a seguir tras los 426 millones de pesos», aseguraron desde la bancada de diputados UDI en el marco de los polémicos convenios firmados por el exseremi del Minvu en Antofagasta, Carlos Contreras, con una fundación representada por la pareja de la diputada Catalina Pérez (RD), y que provocó que esta última suspendiera su participación como vicepresidenta de la mesa de la Cámara Baja.
La decisión de la diputada Pérez se dio a raíz de la moción de censura que había presentado esta bancada opositora y que se suma a las renuncias de Contreras al Minvu y de Daniel Andrade, pareja de Pérez, como representante de la fundación Democracia Viva.
Pese a estas salidas, el diputado UDI Juan Antonio Coloma adelantó que su partido seguirá esta causa en los tribunales de justicia: «Nosotros vamos a llevar esto a la sede judicial para poder investigar dónde están los 426 millones de pesos», destacó.
«Aquí puede haber eventualmente fraude al fisco. Son parte de los temas que se tienen que investigar en tribunales y, por eso, dentro de las próximas horas presentaremos estas acciones judiciales para que sean los tribunales de justicia los que tengan que investigar hasta dónde llegaron», puntualizó el parlamentario.
CONFLICTO DE INTERÉS
En una línea similar, su par Jorge Alessandri solicitó al oficialismo «no más catones de la ética, no más catones del estándar moral y ético diferente», y abordó la opción que en este caso exista un posible «conflicto de interés», algo que advirtió en Cooperativa el ministro de Vivienda, Carlos Montes.
«Carlos Montes no ha dicho en la radio eventual conflicto de interés, ha dicho conflicto de interés y eso en nuestro país está penado», aseguró el militante UDI, que advirtió también que debido a eso «se abre una arista judicial, se abre una arista en la Contraloría, en la Comisión de Ética de la Cámara y se abre por supuesto una arista de responsabilidad política que hemos hecho valer hoy y por eso Catalina Pérez deja la testera».
El parlamentario opositor afirmó que la salida de su par RD de la mesa «era la mejor manera en que se pudiera defender sin arrastrar a los 155 diputados que ella representaba», pero que, de todas maneras, en su partido están convencidos en «seguir los 426 millones de pesos» que sumaban los tres cuestionados convenios firmados en este caso.
