Acogen a trámite protección por condenados de DDHH que cometieron graves delitos de lesa humanidad.
Declaran admisible recurso de protección interpuesto a favor de 171 internos, los cuales fueron condenados por causas de DDHH durante la dictadura.
El recurso fue admitido a trámite por la I. Corte de Apelaciones de Santiago, por reunir los requisitos de forma para su interposición.
Fue interpuesto en contra de Gendarmería de Chile, por la presunta vulneración del derecho a la vida y a la integridad psíquica y física de dichos internos.
A través de un comunicado, el abogado Raúl Meza, el cual representa a algunos internos del penal Punta Peuco, señaló lo siguiente:
“Un recurso de protección inédito y sin precedentes judiciales, presentado por primera vez por un fiscal judicial de la Corte Suprema en favor de condenados por causas de DDHH durante el régimen militar”.
El abogado explica que esta resolución ordena a Gendarmería y al Ministerio de Justicia, a que en un plazo de 5 días deban entregar informes con todos los antecedentes que tengan relación con el recurso.
También, comentó que se hará parte del recurso de protección, apoyando la postura del fiscal judicial de la Corte Suprema.
Además, solicitará que los internos mayores con enfermedades crónicas y terminales, puedan cumplir su condena en sus domicilios.
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PODER JUDICIAL
Según se informa en el sitio oficial del Poder Judicial, el Fiscal Judicial (s) de la Corte Suprema, Jorge Sáez Martin, el pasado martes 20 de marzo “se constituyó en el módulo “Asistir” del Penal Colina 1”.
En el recinto, se encuentran condenados por delitos de lesa humanidad. En la visita, pudo constatar cómo cumplen la pena de cárcel los condenados.
Junto con él, asistió la fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, Clara Carrasco, la cual el 15 de febrero realizó un informe sobre el hacinamiento en el lugar.
“177 reclusos en un espacio para 90 y las dificultades de acceso a atención médica para los internos”.
El Fiscal Judicial, declaró:
“La fiscalía de la Corte Suprema se constituyó en el módulo para establecer si se habían implementado mejoras desde el 15 de febrero, oportunidad en que la fiscal Clara Carrasco ya había advertido las deficiencias relativas a hacinamiento y atención médica oportuna que derivó en el fallecimiento de uno de los internos.
Los problemas siguen vigentes e incluso agravados, ya que siguen ingresando condenados.
Nuestro ánimo es de colaboración para visibilizar los problemas que afectan la satisfacción de los derechos fundamentales y darles un camino de solución”.
Cabe mencionar, que la legislaciones y tratados internacionales a los cuales se encuentra suscrito Chile, prohíben dar beneficios a condenados por este tipo de delitos.
No se les puede dar ningún beneficio intrapenitenciario, alternativo, amnistía ni indulto. Tampoco, se puede hacer en los casos que tengan problemas de salud ni por razones geriátricas.
