Entre fines de 2022 e inicios de 2023, una auditoría interna del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), dio cuenta de las deficiencas y criticidad de «alto riesgo», la ejecución del programa de Asentamientos Precarios.
El informe fue solicitado por la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (RD) y, según consignó La Segunda, se evaluó la gestión financiera del programa de Asentamientos Precarios para 2021 y 2022.
La auditoría estableció que entre 2019 y 2022 el programa transifirió u total de $76.607.628.692 .
Junto a ello, el informe explicó cómo se asignan los recursos. Inicia con la «verificación en el nivel central de la disponibilidad presupuestaria, para luego enviar a regiones las solicitudes con los criterios generales para levantar las propuestas de inversión y ser evaluadas y priorizadas» en mesas técnicas.
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«DEBILIDADES»
Los auditores constataron que el programa estaba instalado y funcionando a nivel central y en regiones. Que contaba con «actividades definidas para su ejecución» con «responsables de cada etapa», no obstante, existían «debilidades».
Es allí, cuando se pidió a la autoridad implementar «tendientes a subsanar los hallazgos identificados y a fortalecer la gestión del programa».
De igual manera, se menciona la «criticidad del riesgo». Entre ellos se encuentra la «falta de definición de criterios específicos de evaluación para las propuestas de inversión y ponderaciones asociadas a ellos, que faciliten y respalden la toma de decisiones de las mesas técnicas, respecto de la priorización de los asentamientos y tipologías de inversiones y financiar».
La «expertiz» de los evaluadores y la dinámica de trabajo del programa, «no ha hecho que se considere como necesaria la definición de criterios más específicos de evaluación». Eso se traduce en la posibilidad de tomar «decisiones erróneas en base a información incompleta, poco clara o sin base para su evaluación», constata la auditoría.
«FALTA DE CONTROL»
También hallaron reparos «por incumplimiento de instrucciones en la asignación y transferencia de recursos de los Programa Campamentos». Recomendando con ello a las autoridades, «revisar los criterios generales de evaluación y priorización informados anualmente».
El informe da cuenta, además que e las solicitudes de inversión enviadas mediante oficio por cada director del Serviu no incoporan la «ficha de inversión», algo de carácter obligatorio y que, por su ausencia, no permite conocer a fondo el detalle de la inversión.
Finalmente, los auditores informan de una «falta de control» en la información registrada. Algo que podría causar «decisiones erróneas en base a información poco confiable». A ello se suma la «inexistencia de elementos mínimos de seguridad en los registros de información».
Finalmente, se advirtió de una «falta de control» sobre la información registrada, lo que podría llevar a «decisiones erróneas en base a información poco confiable», además de «inexistencia de elementos mínimos de seguridad en los registros de información».
La recomendación fue implementar acciones para «mejorar los procesos de asignación y transferencias de recursos».
