La Fundación Urbanismo Social, la cual en junio de 2023 comenzó a ser investigada en medio del denominado «Caso Convenios», solicitó su quiebra ante la justicia.
La institución no gubernamental, constituida en 2008, tiene como objetivo la participación, desarrollo y gestión en proyectos urbanos de caracteres e interés social. De acuerdo a información disponible en su sitio web, en 15 años de historia realizaron más de 155 proyectos que significaron la entrega de 2.200 viviendas.
Recordemos que en junio de 2023 se dio a conocer el caso Convenios, lo que produjo un “cambio sustancial en la manera en que hasta la fecha se ejecutaban las colaboraciones público-privadas en el sector de vivienda y, fundamentalmente, un cambio en la forma en que el sector público continuó desarrollando las tareas que le corresponden en la materia”.
La Fundación Urbanismo Social, representada por Camila Ramírez, solicitó ante la justicia su proceso de liquidación apuntando a una grave crisis económica.
«La fundación tiene deudas cuantiosas, que superan con creces su muy escaso patrimonio. Por la nula capacidad económica de la fundación, se hace insostenible su situación actual, por lo que se ve en la obligación de presentar su liquidación voluntaria», señalaron según consignó Diario Financiero.
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En su presentación ante la justicia también se refirieron al Caso Convenios, explicando que les generó una grave crisis reputacional, la que a su vez significó pérdidas de proyectos.
«El mes de junio de 2023 se da a conocer el denominado Caso Convenios, que produjo un cambio sustancial en la manera en que hasta la fecha se ejecutaban las colaboraciones público-privadas en el sector vivienda y, fundamentalmente, un cambio en la forma en que el sector público continuó desarrollando las tareas que le corresponden en la materia», acotaron desde la entidad.
En la misma línea, la fundación precisó que «el conocimiento público del denominado Caso Convenios generó un enorme daño reputacional para instituciones de la naturaleza de la solicitante», lo que se sumó a acciones judiciales interpuestas por el Estado y sus instituciones y sus medidas precautorias, lo que también significó «la pérdida de otros proyectos con el sector público y privado, aumentado la merma de ingresos».
«La grave crisis reputacional y comunicacional que afectó a la empresa deudora no solo le generó la pérdida de ingresos comprometidos o la falta de pago de sumas oportunamente devengadas, sino que produjo, además, la imposibilidad práctica de suscribir nuevos convenios a efectos de sortear la crisis financiera», acotaron.
En la acción también aseveraron que «la liquidez, solvencia y continuidad de la empresa deudora es absolutamente imposible» y evidenciaron los montos que adeudan.
Al 30 de abril de 2024, la fundación sumaba una pérdida contable de $270 millones. Asimismo, tienen $635 millones de pasivos exigibles (deudas) por gastos ejecutados rendidos al Minvu y servicios dependientes; además hay $281 millones que permanecen en la caja social, suma retenida a favor del fisco.
