Durante este miércoles el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), enfrentará la audiencia de su formalización a raíz del caso Farmacias Populares.
Después de tres años de investigación, a inicios de abril el fiscal Xavier Armendáriz y la fiscal Giovanna Herrera solicitaron la audiencia en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago.
El Ministerio Público le imputa una serie de delitos de corrupción al excandidato presidencial. Entre ellos, cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal en el marco de la compra y venta de productos médicos para enfrentar el Covid-19 por parte de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Archifarp), institución que fue dirigida por Jadue.
Por tales ilícitos la Fiscalía Metropolitana Centro Norte pedirá la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que el jefe comunal de Recoleta arriesga ir a la cárcel.
Tras su caótica llegada al Centro de Justicia, el alcalde entregó escuetas declaraciones a la prensa. “Vamos a mostrar nuestra inocencia y vamos a desmantelar todas las fantasías de la fiscalía”, aseguró.
Al ser consultado por el apoyo de la gente que lo acompañó hasta las dependencias del centro judicial, Jadue respondió que “es maravilloso, estoy muy agradecido de todo este apoyo”.
“Estoy feliz de poder empezar mi defensa y terminar con el montaje que entre los medios y la fiscalía han hecho con mucho esfuerzo”, agregó.
CDE participa en audiencia de formalización
El Consejo de Defensa del Estado participó en la audiencia de formalización que se desarrolló hoy miércoles ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, en el marco de la investigación penal seguida contra Daniel Jadue, alcalde de la I. Municipalidad de Recoleta, por su participación en calidad de autor de los delitos de cohecho y fraude al Fisco. Lo anterior, en el marco de la investigación relacionada con su gestión y administración de la Asociación Chilena de Municipalidades de Farmacias Populares (Achifarp).
Representado por el abogado consejero Daniel Martorell y la abogada litigante de la Procuraduría Fiscal de Santiago, Ángela Manríquez, junto con la jefa de la Unidad de Corrupción de Alta Complejidad, Pamela Almonacid y la abogada de dicha unidad, Fernanda Muñoz, el Consejo interviene como querellante institucional, por tratarse de delitos cometidos por funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones, y que ocasionan perjuicio al patrimonio público, particularmente al municipio de Recoleta.
Mediante la querella presentada este martes 28 de mayo, el CDE imputa los delitos de cohecho y fraude al Fisco al edil. Asimismo, se dirige contra los funcionarios municipales, María Eugenia Chadwick, directora del Departamento de Salud de la Municipalidad de Recoleta y Eduardo Carmelo Sendra Arratia, director del Centro de Salud de Alta Resolutividad SAR de Recoleta, ambos por los delitos de fraude al Fisco. Contra los integrantes de ACHIFARP, Raúl Daniel Moraga, exsecretario ejecutivo, por fraude al Fisco y malversación de caudales públicos y José Matías Muñoz Becerra, secretario ejecutivo de la Asociación, por los delitos de cohecho, fraude al Fisco y malversación de caudales públicos. Finalmente, contra Álvaro Javier Castro Robles, representante legal de Best Quality SpA, por el delito de soborno.
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Los principales hechos de la querella dan cuenta que entre los años 2020 y 2022 el imputado Daniel Jadue, en su doble calidad de alcalde de la Municipalidad de Recoleta y como presidente del directorio de ACHIFARP, administró de manera desleal cuantiosos fondos públicos a su cargo al realizar diversas acciones defraudatorias en perjuicio de dicho municipio, de manera concertada, junto a los querellados de ACHIFARP y los funcionarios municipales. La conducta imputada no solo se refiere a su calidad de representante legal y gestor de ACHIFARP, sino como alcalde de la señalada municipalidad, cargo que ocupó para transferir recursos públicos a la Asociación.
Tales acciones se habrían realizado mediante la celebración de convenios entre el municipio y ACHIFARP, de manera de traspasar recursos municipales a la asociación para la compra de diversos insumos médicos, cuyo principal proveedor era la empresa Best Quality SpA.
Del mismo modo se describen en la querella deducida por el CDE actos de sobornos y cohechos en los que participaron los querellados Castro, Jadue y Muñoz.
