El bullado Caso Convenios sigue generando controversias, es que tal parece que lo sucedido hasta ahora es solo la punta del iceberg.
La PDI allanó las instalaciones de la empresa Luz Verde SPA, deteniendo a su representante legal, Benjamín Pavón Hidalgo. La empresa facturó $356 millones en convenios entre el Gobierno Regional del Bío Bío y la Fundación Bonhomía.
La diligencia es instruida por la Fiscalía y desarrollada por la Brigada de Delitos Económicos en el sector Villuco, donde está emplazada la firma familiar.
Encuentran droga
Sin embargo los detectives encontraron algo más que posibles documentos. En medio de la revisión del inmueble encontraron cannabis sativa en plantas y elaborada. También decomisaron MDMA (conocida como éxtasis) en pastilla y sobres.
Este hallazgo generó un procedimiento policial por infracción a la ley 20.000 de drogas que fue reportado a la Fiscalía de Flagrancia, quien dispuso que las pesquisas y peritajes fueran realizadas por el equipo MT0 de la PDI de Chiguayante.
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Una persona fue detenida, quien pasará este jueves a audiencia de control de la detención.
Recordemos que la exfuncionaria del GORE Bío Bío, que actuaba como contraparte técnica de algunos proyectos, Tamara Vidal, entregó en julio a la Contraloría antecedentes de fundaciones que obtuvieron convenios con la repartición, entre ellas la Fundación Bonhomía, a la que se le traspasó más de 350 millones por un proyecto de 4 meses, donde los ejecutores eran de Santiago.
¿Queda todo en familia?
Resumen.cl informó en octubre pasado sobre el programa «Política regional para promover el bienestar Biobío vive sano» por el que el Gobierno Regional del Biobío transfirió directamente $350 millones a la fundación Bonhomía.
Para dicha ejecución se contrató a cuatro empresas, una de estas, Luz Verde SPA, fue la que obtuvo el 55,57% de dicho financiamiento (casi $200 millones) y donde el representante legal de la empresa es Benjamín Pavón Hidalgo, hermano Sebastián Mizon Hidalgo coordinador del mismo programa.
A esto se suma que el representante de la empresa mantenía contratada a su madre, Ana Manuela Del Carmen Hidalgo Rose-Price, quien paso de RN al Partido Republicano para postularse como concejala por Chiguayante en 2021.
En Luz Verde SPA estaba trabajando como gerente comercial, Manola Hidalgo Rose-Price, excandidata a concejala por Renovación Nacional (2008) y luego por el Partido Republicano (2021) en Chiguayante. En ambas perdió.
El Gore del Bío Bío y el caso lencería
Camila Polizzi es una persona pública, que había sido influencer, que había sido candidata. Coincidí con Polizzi en dos oportunidades como gobernador regional, ambas en el contexto de las elecciones parlamentarias. Un día me pidieron sacarme fotos con candidatos al parlamento. En una reunión en la ENAP, me saqué una fotografía con Camila Polizzi. No somos amigos ni tampoco somos de la misma alianza política.
Así respondió ante la Fiscalía el gobernador regional del Bío Bío, Rodrigo Díaz, cuando le preguntaron por Camila Polizzi, la Fundación En Ti y el escándalo de las fundaciones que remeció a la escena política local.
Pero eso no es todo, el 20 de marzo fue citado a declarar en el marco de una querella por falsificación de instrumento público y el eventual delito de malversación de caudales públicos.
La acción judicial fue presentada por empresario Rafael Figueroa, representante legal de Empresa Ingeniería y Servicio de Maestranza RF SPA quien denuncia que se le solicitaron coimas por parte de funcionarios públicos del GORE y del Servicio de Salud Talcahuano en obras que se había adjudicado con su empresa, las que finalmente le habrían arrebatado y pese a cobrarse la garantía por parte del GORE Biobío, no se le habría pagado lo adeudado a trabajadores.
Figueroa sostiene que el Servicio de Salud de Talcahuano adjudicó a Ingeniería y Servicio de Maestranza RF el contrato a suma alzada denominado «Reposición Posta Rafael, Comuna de Tomé» por un valor de $392.473.246, financiado con fondos del FNDR, y cuya supervisión técnica y administrativa era de cargo del SST.
Como en la mayor parte de estos contratos, se le exigió una poliza de garantía por el fiel cumplimiento de las obras, la que adquirió con la aseguradora HDI Seguros S.A. por la suma de $39.247.325, con vigencia hasta el 28 de mayo del año 2018, y cuyo beneficiario era el Gobierno Regional de la Región del Bío Bío.
