Internacional

Colombia pide a la ONU retirar la hoja de coca de la lista de sustancias prohibidas

Editado de agencias y medios internacionales por Cristian Navarro H.

Periodista

Colombia
El debate sobre la despenalización de ciertos cultivos ilícitos se enmarca en un enfoque de política antidrogas más centrado en la salud pública

La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Laura Sarabia, solicitó este lunes ante la ONU en Viena que la hoja de coca sea retirada del listado de sustancias prohibidas. Argumentó que esta medida debe adoptarse por «razones científicas y prácticas», durante su intervención en la Convención de Estupefacientes.

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«La ciencia demostrará que la hoja de coca en sí no es perjudicial para la salud», afirmó Sarabia, alineándose con la postura del presidente Gustavo Petro, quien busca eliminar el estigma sobre esta planta. Petro afirma que los narcotraficantes convierten la hoja de coca, utilizada ancestralmente por comunidades indígenas, en cocaína al procesarla con químicos en laboratorios clandestinos.

Además, el mandatario ha insistido en que los campesinos que cultivan la planta sean víctimas de grandes narcotraficantes y no los responsables del tráfico de drogas.

COLOMBIA SIGUE COMBATIENDO EL NARCOTRÁFICO

Sarabia aclaró que esta solicitud «no implica» que el gobierno colombiano vaya a cesar la erradicación de cultivos ilícitos. Según datos oficiales, desde la llegada de Petro al poder en agosto de 2022 hasta enero de 2025, las autoridades han incautado más de 1,9 millones de kilogramos de cocaína y destruido 454 laboratorios de producción .

A pesar de estos esfuerzos, Colombia sigue siendo el mayor productor mundial de cocaína. En 2023, el país alcanzó un récord de 2.600 toneladas de esta droga, un incremento del 53% respecto al año anterior, según la ONU. En ese mismo año, se registraron al menos 253.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca .

El debate sobre la despenalización de ciertos cultivos ilícitos se enmarca en un enfoque de política antidrogas más centrado en la salud pública y los derechos de las comunidades rurales, una estrategia promovida por el gobierno de Petro.

 

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