Perú abrió este miércoles un nuevo capítulo de tensión política luego de que los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa presentaran su renuncia, tras un fuerte desacuerdo con el presidente interino José María Balcázar por la adquisición de aviones de combate F-16 a Estados Unidos.
La salida de ambas autoridades ocurre en plena campaña presidencial, cuando el país se prepara para una segunda vuelta electoral prevista para junio.
El canciller Hugo de Zela cuestionó públicamente la decisión del mandatario de postergar la compra, pese a que, según afirmó, los contratos ya habían sido firmados y existía un primer pago programado para esta semana.
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“Se está poniendo en peligro la credibilidad del país y nuestra condición de socio confiable en una negociación internacional”, declaró a radio RPP al anunciar su dimisión.
En la misma línea, el ahora exministro de Defensa, Carlos Díaz, aseguró que la suspensión del proceso contradice una necesidad estratégica para la seguridad nacional y confirmó que también abandonaba el cargo por desacuerdo total con la medida.
COMPRA ESTRATÉGICA BAJO CUESTIONAMIENTO
Perú anunció en 2024 la renovación de su flota aérea después de casi tres décadas, con una inversión estimada en 3.500 millones de dólares para adquirir 24 cazas de última generación.
Entre las propuestas evaluadas figuraban los modelos Rafale de Francia, Gripen de Suecia y F-16 Block 70 de Estados Unidos. En febrero, un comité técnico estatal recomendó la opción estadounidense por razones operativas y geopolíticas.
Actualmente, la Fuerza Aérea peruana mantiene aeronaves Mirage 2000, MiG-29 y Sukhoi-27, gran parte de ellas fuera de servicio o en reserva.
BALCÁZAR DESCARTA CONFLICTO CON WASHINGTON
En un mensaje televisado, el presidente Balcázar defendió la postergación argumentando que los recursos públicos deben destinarse con responsabilidad frente a las brechas sociales del país.
“No existe ninguna intención de confrontación con Estados Unidos”, sostuvo.
Desde el Congreso surgieron duras críticas. El presidente legislativo, Fernando Rospigliosi, advirtió consecuencias legales y geopolíticas si no se respeta el contrato, mientras sectores opositores incluso plantearon la eventual destitución del mandatario.
