El dictador nicaragüense Daniel Ortega ha ordenado modificar la Constitución para establecer los cargos de “copresidente” y “copresidenta”, asegurando igualdad de derechos entre él y su esposa, Rosario Murillo, quien actualmente es vicepresidenta.
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La medida refuerza el dominio del régimen sobre las instituciones del país y ha generado críticas tanto a nivel nacional como internacional.
CONSOLIDACIÓN DEL PODER ABSOLUTO
La reforma, aprobada por una Asamblea Nacional controlada por el oficialismo, también amplía los mandatos presidenciales de cinco a seis años y otorga al Ejecutivo la capacidad de coordinar directamente los poderes Legislativo, Judicial y Electoral, anulando la separación de poderes.
Expertos señalan que esta medida institucionaliza aún más la concentración de autoridad en manos de Ortega y Murillo, eliminando cualquier atisbo de contrapeso democrático.
SÍMBOLOS Y RECLAMACIONES IDEOLÓGICAS
Además de los cambios estructurales, la reforma incluye disposiciones simbólicas que refuerzan la ideología sandinista, como la incorporación de la bandera rojinegra del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como símbolo nacional.
Asimismo, revive la demanda histórica contra Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia por su presunta intervención en la guerra civil de los años 80, en un intento de reforzar el discurso antiimperialista que Ortega utiliza para justificar las crisis internas.
REPRESIÓN Y EXILIO
El contexto en el que se aprueban estas reformas está marcado por un clima de represión extrema. Desde las protestas de 2018, Ortega ha cerrado medios independientes, encarcelado a líderes opositores y forzado al exilio a millas de ciudadanos.
Organizaciones internacionales, como Human Rights Watch, califican las reformas como una estrategia para perpetuar la dictadura y eliminar cualquier posibilidad de alternancia en el poder.
La reforma consolida a Nicaragua como uno de los regímenes más autoritarios de América Latina, aumentando su aislamiento internacional. Ante este escenario, la oposición enfrenta un panorama desolador, con espacios mínimos para la disidencia y una creciente represión.
Mientras Ortega asegura su control absoluto, la comunidad internacional se encuentra ante el desafío de responder a un régimen que ha clausurado el diálogo democrático y profundizado la crisis en el país.
