Con motivo del 8 de marzo, la organización Save The Children, publicó el estudio Silenciadas. Allí constató que ocho de cada diez agresiones sexuales durante la infancia son a niñas o adolescentes.
Según el informe, e 2022 se interpusieron en España 18.731 denuncias por violencia sexual, de las cuales casi la mitad (un 45%) tenía como víctima a una persona menor de 18 años. De estas denuncias, el 82% eran niñas o adolescentes, por lo que, para la organización, «ser niña vuelve a ser un factor de riesgo determinante para poder sufrir una agresión de este tipo».
En cuanto a los agresores, los datos de delitos sexuales cometidos tanto por personas adultas como por personas entre los 14 y los 17 años –edades en las cuales ya hay responsabilidad penal– reflejan que en el 97% de los casos el agresor es un hombre.
PORNOGRAFÍA
Save the Children también ha recordado que el entorno digital es un espacio más en el que la infancia y adolescencia se desarrolla y la pornografía está también condicionando la forma en que niños, niñas y adolescentes se relacionan entre sí.
Según el informe Desinformación Sexual de la organización, casi 7 de cada 10 adolescentes consumen pornografía, y de media acceden a los contenidos sexuales por primera vez a los 12 años. Una pornografía que es de consumo masivo online, gratuita e ilimitada y sus contenidos están basados de manera mayoritaria en la violencia y la desigualdad.
La organización advierte de que la pornografía muestra aspectos que los chicos y chicas pueden reproducir como la no necesidad de pedir consentimiento o la negativa del mismo por parte de los hombres, la ausencia de métodos anticonceptivos, la estigmatización de los cuerpos y cosificación como objeto de placer de la mujer o el establecimiento de roles desiguales: dominio (chicos) y sumisión (chicas).
AGRESIONES GRUPALES
Respecto a las agresiones grupales, el estudio señala que el número de agresiones sexuales cometidas por más de una persona ha aumentado en los últimos años en más de un 64%. Sin embargo, todavía está lejos de las cifras de agresiones sexuales individuales, representando en 2022 un 4,2% del total.
Y, en lo que concierne a la infancia y adolescencia que sufre estas agresiones, el Ministerio de Interior ha señalado que el perfil de la víctima es el de una niña o adolescente sola, con una edad media de 15 años, cuyos agresores tienen una edad similar, se conocen con anterioridad y el delito suele cometerse con penetración y violencia.
«Hemos de tener en cuenta que más de un 10% de las agresiones sexuales múltiples son grabadas o fotografiadas como señal de dominio y a la espera de un reconocimiento del grupo de iguales, lo que muestra de forma clara cómo afectan las nuevas tecnologías e Internet a la forma de relacionarse de niños, niñas y adolescentes», ha explicado Catalina Perazzo, directora de Incidencia Política y Social de Save the Children.
NECESIDAD DE UNA LEY
Ante estos datos, la organización reclama una legislación específica que despliegue medidas de prevención que contempla la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia como la educación afectivo-sexual o en un uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías.
«La pornografía no puede ser la profesora de sexualidad de niños, niñas y adolescentes porque estamos hablando de ficción, no es real. Es como si enseñáramos a conducir a adolescentes con videojuegos de carreras de coches», ha indicado Perazzo. En su opinión, «es fundamental implantar una educación afectivo-sexual desde edades tempranas para que niños y niñas puedan establecer relaciones más sanas y más igualitarias, así como dotarlos de herramientas para que puedan hacer un uso seguro de Internet y las redes sociales».
Asimismo, la organización considera que, cuando la violencia ya se ha producido, es necesario que niñas, niños y adolescentes que han sido víctima sean atendidos con las mayores garantías y respetando todos sus derechos. Para ello, Save the Children propone la formación inicial y constante de todos los profesionales del ámbito jurídico y la coordinación de todos los recursos existentes para atender a la infancia víctima, así como a los agresores adolescentes.
En la atención a los adolescentes que han cometido una agresión, la organización apuesta por intervenir no sólo de forma individualizada con el agresor, sino también con su entorno para una reparación eficaz a largo plazo.
