La Contraloría acusó que el GORE de Aysén, presidido por la gobernadora Andrea Macías (PS), dilató el término del sumario cursado contra ocho de sus funcionarios para así lograr rebajar la sanciones que el ente fiscalizador sugirió aplicar.
Dentro del grupo de funcionarios figura nada menos que el actual consejero constitucional Julio Ñanco (RD), quien también enfrenta un juicio de cuentas con la CGR para reintegrar a las arcas fiscales más de $173 millones. Todo esto, a raíz de un plan para dotar de energía eléctrica a una pequeña comunidad del extremo sur chileno, proyecto que hoy mantiene en disputa al ente contralor, el GORE y una decena de funcionarios públicos.
Debían ser despedidos pero terminaron con multas de apenas entre un 5 y un 20% de su sueldo. Así podría resumirse la situación del actual consejero constitucional Julio Ñanco (RD) y otros dos funcionarios del Gobierno Regional de Aysén, quienes fueron sumariados por serias irregularidades administrativas detectadas por la Contraloría.
Se trata de anomalías que quedaron al descubierto cuando el miembro del organismo constituyente se desempeñaba como encargado de proyectos de la División de Análisis de Control de Gestión del GORE. Todo ello, luego de que el organismo fiscalizador auditara una iniciativa que buscaba dotar de energía eléctrica 24/7 a 250 habitantes de una pequeña localidad en el extremo sur chileno.
PAGARON UN 112% MÁS
El plan original del GORE era desembolsar $779 millones en la construcción de la microcentral hidroeléctrica, terminó gastando $1.656 millones. Un 112% más de lo originalmente planificado que —a juicio de la CGR— es un hecho “grave”, porque existe la posibilidad de que hayan habido pagos duplicados a la empresa que se adjudicó el proyecto y que el GORE asumiera costos que no le correspondían, advierte el informe tenido a la vista por EstáPasando.
En su defensa, Julio Ñanco y el Gobierno Regional sostienen que las diferencias responden a un mal diseño del nivel central y que las obras fueron completadas pese a los inconvenientes. Hoy, el actual constitucional enfrenta un juicio de cuentas de la Contraloría para que devuelva junto a sus colegas más de $173 millones.
Fue en 2016 que las autoridades de Gobierno entregaron el terreno para desarrollar la minicentral hidroeléctrica en Puerto Gaviota, una caleta emplazada en la comuna de Cisnes. Dos años más tarde —en 2018— una auditoría de la Contraloría General de la República develó irregularidades por tres modificaciones contractuales de la obra.
PAGARON ITEMS NO CONTEMPLADOS
El problema consiste en que los aumentos contravienen la normativa vigente, puesto que en caso de que las modificaciones sobrepasen en conjunto el 50% del contrato inicial, deberá procederse a la liquidación de éste y las obras no realizadas se considerarán como obra nueva y contratarse como tal.
La CGR sostiene que las modificaciones no eran claras respecto de los nuevos costos en los que se estaba incurriendo. Ello se evidenció, por ejemplo, en el reemplazo de una turbina, en el que no se especificaron los costos aparejados al cambio. Esto, advierte la Contraloría en su auditoría, constituía “un eventual riesgo de pago duplicado de partidas”.
A lo anterior se suma la autorización, sin la debida justificación técnica, de ítems no contemplados. E, incluso, la aprobación de estados de pagos sin contar con todos los antecedentes exigibles, reza la auditoría.
