Una de las novedades que emergieron tras el estallido social de octubre fue la renovada importancia de los alcaldes y alcaldesas en el entramado político y social del país. Durante las semanas y meses que siguieron al 18 de octubre, los medios de comunicación buscaron activamente voceros que fueran más representativos del día a día de las personas comunes y corrientes, voceros del “Chile real” fuera las visiones elitistas que normalmente copan los espacios mediáticos.
Así, por primera vez en mucho tiempo pudimos ver en horario estelar a dirigentes sindicales,, líderes de ONG e incluso dirigentas vecinales y dueñas de casa, dando su puntos de vista a los periodistas, animadores y políticos que son recurrentes en la parrilla programática.
En medio de ese mosaico, estábamos también los alcaldes y alcaldesas, simbolizando algo que parecía olvidado en la discusión de la “Gran Política”: Por una parte, que el lugar importa y por otra, que el poder debe ser más cercano a la cotidianeidad de los/as ciudadanos/as.
Decir que el lugar importa implica que los avances obtenidos por el país durante las últimas décadas deben evaluarse a la luz de las comunidades concretas. La demanda por dignidad condensa un malestar con el cómo se vive en nuestro país, y por eso no debemos olvidar que las personas no habitan en promedios, sino en realidades muy concretas: barrios, viviendas, familiares, vecinos, escuelas, micros y lugares de trabajo que condicionan fuertemente su bienestar.
Respecto del ejercicio del poder, es importante hacer notar que la mejor valoración relativa de los ediles no se debe a características personales, a la ubicación en el eje derecha-izquierda o a indicadores de gestión municipal. Descansa fundamentalmente en una cercanía y una precariedad compartida en la que la ciudadanía se reconoce. Los alcaldes/as ganamos legitimidad por el tipo de dolores que atendemos y porque siempre estamos hablando desde el lugar en donde pisan nuestros pies. Ambas cuestiones están dadas por la naturaleza de nuestros cargos.
Estas dos razones subyacentes entregan pistas para recomponer el vínculo entre política y sociedad en el proceso constituyente. Hay un enorme desafío en hacer realidad la promesa de un desarrollo territorial equitativo en todas las regiones, provincias y ciudades de Chile; y también de promover un poder político ejercido con fuerte arraigo territorial a través de un impulso definitivo para descentralizar el poder político y económico en nuestro país.
El llamado es a que este octubre demos un nuevo paso hacia una mejor democracia, una que se haga cargo de estos síntomas. Por eso este 25 de octubre debemos ir masivamente a las urnas para dar el Apruebo a una Nueva Constitución, que recoja estas y otras demandas, para abrir un nuevo ciclo democrático con mayor justicia e integración social en nuestro país.
