El Poder Judicial informó que los resultados del examen de ADN que se realizó a una mujer que se encontraba en Argentina y que fue apuntada como Bernarda Vera, quien figuraba como detenida desaparecida durante la época de la dictadura militar, confirmaron su identidad.
Según el ministro de visita para causas de Derechos Humanos, Álvaro Mesa, los antecedentes científicos acreditaron «una probabilidad de identificación de la señora Bernarda Rosalba Vera Contardo superior al 99,9999%».
La mujer, integrante del Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR) aparecía como una de las mil 469 personas detenidas desaparecidas en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet. Si bien figuraba como ejecutada política en 1973, en realidad se encontraba en Argentina.
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El Poder Judicial detalló que el informe comparó el perfil genético de Bernarda Vera con las muestras de sus familiares almacenadas en el Banco Genético de Familiares de Detenidos y Ejecutados Políticos del SML.
El ministro Mesa infrmó a los familiares en Chile el resultado de la pericia genética realizada por el Servicio Médico Legal (SML). Asimsimo, resolvió mantener la causa bajo estricto secreto de investigación y dispuso que el informe pericial de ADN permanezca reservado, pues contiene datos personales sensibles protegidos por la Ley N.º 19.628 sobre Protección de la Vida Privada.
EJECUCIÓN EN EL RÍO TOLTÉN
El nombre de Bernarda Vera aparece en la información oficial de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, donde se sostenía que había sido detenida el 10 de octubre de 1973 en Trafún y posteriormente ejecutada junto a otros prisioneros en el puente sobre el río Toltén.
Tenía 27 años cuando fue vista por última vez.
Según investigaciones periodísticas recientes, la profesora de educación básica en Neltume, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y del Movimiento Campesino Revolucionario, finalmente habría logrado escapar junto a un grupo de sobrevivientes encabezado por el ciudadano sueco Svante Grände, conocido como “Julio”.
Desde allí habría cruzado a Argentina y posteriormente emigrado a Suecia. De hecho, documentación del Servicio de Migraciones sueco mostró que en 1978 una mujer con la identidad de Bernarda Vera obtuvo residencia en ese país y, años después (en 1984), la nacionalidad sueca. Posteriormente, en 1999, habría regresado a vivir a Argentina.
Durante más de medio siglo su familia la buscó sin resultados y el Estado la reconoció oficialmente como víctima de violaciones a los derechos humanos.
El ministro Álvaro Mesa abrió un cuaderno reservado para esclarecer los antecedentes y determinar las eventuales responsabilidades derivadas del manejo del caso.







