El ingreso de más de 38 mil escritos a través de la Oficina Judicial Virtual no solo tensionó el funcionamiento de los tribunales civiles, sino que también provocó consecuencias concretas para miles de personas. Entre los afectados se encuentra Mario Antonio Guzmán, periodista especializado en tribunales y colaborador de Está Pasando.
Guzmán recibió durante la mañana del lunes una resolución relacionada con el desarchivo de una causa por una deuda que había pagado en 2021 y cuyo expediente permanecía cerrado desde 2022.
La inesperada notificación se produjo después de que un abogado ingresara decenas de miles de presentaciones judiciales entre el sábado y el lunes. De acuerdo con los antecedentes conocidos, el profesional estaría relacionado con oficinas dedicadas a cobranzas del comercio minorista y habría buscado abandonar masivamente causas antiguas.
“UNA SOLUCIÓN MÁGICA”
Con 28 años de experiencia cubriendo tribunales, Guzmán sostuvo que el volumen de documentos habría sido procesado mediante alguna herramienta de automatización.
“Yo creo que alguien le vendió una supuesta solución mágica que no existe”, afirmó el periodista. Según explicó, los tribunales civiles reciben habitualmente unas dos mil peticiones al comenzar la semana, pero esta vez debieron enfrentar varios miles de documentos adicionales.
La situación aumentó la carga de trabajo, afectó la tramitación de causas y puso en riesgo la continuidad de la Oficina Judicial Virtual. El Comité de Jueces Civiles de Santiago solicitó a la Corte Suprema evaluar medidas frente a un episodio que ha sido calificado como un posible abuso procesal.
ALTECH PIDE NO CONFUNDIR AUTOMATIZACIÓN CON IA
La Asociación Gremial de Legaltech Chile, Altech, reconoció la gravedad de una contingencia capaz de comprometer el funcionamiento y la oportunidad del servicio judicial. Sin embargo, advirtió que el ingreso automatizado de documentos no implica necesariamente el uso de inteligencia artificial.
La organización llamó a diferenciar entre inteligencia artificial, automatización de procesos, robotización y otras herramientas tecnológicas. También señaló que la cantidad de presentaciones no basta, por sí sola, para establecer la existencia de un abuso.
Según Altech, antes de atribuir responsabilidades se deben revisar los documentos ingresados, su finalidad, las obligaciones profesionales involucradas y las normas aplicables, respetando el debido proceso.
REGULACIÓN E INFRAESTRUCTURA JUDICIAL
La asociación sostuvo que cualquier restricción de acceso debe sustentarse en criterios objetivos, transparentes, proporcionales, temporales y revisables. Asimismo, pidió fortalecer la infraestructura tecnológica del Poder Judicial, mejorar la trazabilidad de las actuaciones y establecer mecanismos seguros para operaciones de alto volumen.
Para Mario Antonio Guzmán, el episodio constituye una advertencia sobre los riesgos de incorporar tecnologías sin regulación ni sentido común. Altech coincidió en la necesidad de evitar que las herramientas digitales sean utilizadas para sobrecargar irresponsablemente el sistema, pero advirtió que las limitaciones de la plataforma tampoco deben trasladarse a sus usuarios.
La organización manifestó su disposición a colaborar con el Poder Judicial y otros actores en la elaboración de estándares para una justicia digital más segura, moderna y accesible.
“Chile necesita una política institucional clara sobre el uso de tecnologías en la tramitación judicial”: Gremio de tecnológicas piden reglas claras ante ingreso de miles de escritos en la OJV del @PJudicialChile
Son 21 empresas de servicios digitales.-@EstaPasando_CL pic.twitter.com/p6isGkqQPY
— Mario Antonio Guzmán (@MarioAntoGuzman) July 28, 2026
