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Ataques a carabineros levantan alarma por violencia criminal

Mario López M.

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El ataque que dejó a dos funcionarios heridos en Lo Espejo se sumó al reciente enfrentamiento protagonizado por «El Rana» durante un operativo policial en el sur. Ambos casos abrieron el debate sobre el nivel de violencia que enfrentan hoy las policías al intentar fiscalizar o detener a delincuentes. También sobre el fácil acceso de  la delincuencia a las armas.

Últimos ataques a carabineros levantan alarma por violencia criminal que ya no respeta la autoridad.

El ataque a balazos que dejó a dos carabineros heridos durante una fiscalización en la comuna de Lo Espejo volvió a instalar la preocupación por la violencia con que algunos delincuentes enfrentan los procedimientos policiales. El hecho ocurrió apenas días después de otro operativo de alto riesgo, protagonizado por «El Rana» en el sur del país, donde la respuesta a la acción policial también incluyó el uso de armas de fuego.

Aunque ambos casos corresponden a investigaciones distintas, comparten un elemento común: los sospechosos optaron por atacar a los funcionarios para evitar su captura o fiscalización, elevando el riesgo de procedimientos que, en muchos casos, comienzan como controles rutinarios.

«Panda» sigue prófugo

La Fiscalía y Carabineros identificaron al presunto autor de los disparos en Lo Espejo como Benjamín Aedo González, de 20 años, conocido como «Panda», a quien vinculan con la organización criminal liderada por «El Chicorty».

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, los funcionarios intentaron fiscalizar al sospechoso cuando este abrió fuego, hiriendo a dos carabineros antes de escapar. Durante la huida, incluso abordó un bus del transporte público para evadir el cerco policial. Los dos funcionarios permanecen fuera de riesgo vital, mientras equipos especializados mantienen un amplio operativo para capturar al imputado.

Carabineros informó que el delincuente habría disparado en más de 20 ocasiones en contra de los policías. Esto, mientras intentaban realizarle un control en la vía pública, específicamente en pasaje Las Carreras.

Dos hechos con un patrón común

El episodio de Lo Espejo se suma al reciente operativo desarrollado en el sur del país para detener a «El Rana». Carlos Esteban Cancino Tapia se le buscaba en el sur de Chile por ser el presunto autor material del homicidio del cabo segundo de Carabineros, Eugenio Naín. El crimen ocurrió en octubre de 2020 en la comuna de Padre Las Casas, en La Araucanía.

Dicho procedimiento que también derivó en un enfrentamiento armado con personal policial. Otros dos carabineros resultaron heridos a bala, uno de ellos se mantiene en riesgo vital. El autor, fue capturado por la policía y se encuentra a disposición de los tribunales.

Más allá de las diferencias entre ambos casos, existe un denominador común: en lugar de huir o entregarse, los sospechosos enfrentaron a los funcionarios utilizando armas de fuego. Esa coincidencia ha vuelto a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan Carabineros en procedimientos destinados a controlar o detener a integrantes de organizaciones criminales.

Gobierno condena los ataques

Tras el atentado en Lo Espejo, el Presidente José Antonio Kast condenó el ataque y aseguró que el responsable será detenido para responder ante la justicia.

En la misma línea, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, confirmó que la institución desplegó todos los recursos investigativos para dar con el paradero del imputado. Igualmente reiteró el llamado a la ciudadanía a colaborar con información que permita ubicarlo.

Las autoridades también enfatizaron que atacar a funcionarios policiales durante el ejercicio de sus funciones constituye uno de los hechos de mayor gravedad para el Estado de Derecho, por cuanto no solo pone en riesgo la vida de los uniformados, sino que desafía directamente la capacidad del Estado para ejercer el control del orden público.

¿Perdieron el miedo?

Los dos procedimientos no bastan para demostrar por sí solos una tendencia nacional. Sin embargo, exponen una conducta que inquieta a las policías: delincuentes vinculados a delitos graves que, frente a una fiscalización o captura, recurren de inmediato a las armas para impedir la acción estatal.

La Ley Naín-Retamal endureció la respuesta penal y fortaleció la protección jurídica de los funcionarios. No obstante, la amenaza de una pena mayor pierde fuerza disuasiva cuando quien porta un arma confía en que puede escapar o superar mediante el fuego el despliegue policial.

Los ataques también alimentan una percepción instalada: determinados grupos criminales han perdido el temor a enfrentar directamente a Carabineros. El acceso a armamento, la violencia contra los funcionarios y la disposición a disparar ya no aparecen únicamente como recursos defensivos, sino como herramientas para disputar el control del procedimiento.

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