La presencia de una «banda de termitas» obligó al desalojo y a cerrar el único retén de Carabineros de Rungue, en la comuna de Tiltil. La plaga comprometió la estructura del inmueble y forzó el traslado del personal, dejando a vecinos y agricultores sin presencia policial permanente y con el cuartel más cercano ubicado a más de 30 kilómetros.
La medida provocó la inmediata reacción de la comunidad y del municipio. El alcalde de Tiltil, César Mena, cuestionó la decisión y ofreció reparar el inmueble con recursos municipales para evitar que el retén abandone la localidad. Vecinos, en tanto, advirtieron que la pérdida del cuartel reducirá los tiempos de respuesta ante emergencias en una extensa zona rural.
Infraestructura bajo presión
Más allá de la emergencia provocada por las termitas, el episodio vuelve a instalar una discusión de fondo sobre las condiciones en que operan numerosos recintos policiales a lo largo del país.
La seguridad pública no depende únicamente de más personal, vehículos o tecnología. También requiere cuarteles seguros y operativos que permitan a los funcionarios desarrollar su labor y mantener una presencia efectiva en los territorios.
El cierre del retén de Rungue coincide, además, con un momento en que el financiamiento de Carabineros forma parte del debate público. La discusión sobre los ajustes presupuestarios impulsados por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha reabierto las interrogantes sobre los recursos disponibles para operación, mantención e inversión en infraestructura policial. Ese debate es independiente del origen de los daños que presenta este cuartel, pero el caso vuelve a poner de relieve la importancia de contar con instalaciones adecuadas para cumplir una función esencial del Estado.
Un problema que supera a Rungue
La plaga de termitas será tratada y el inmueble deberá ser demolido o reparado. Sin embargo, la discusión trasciende este caso puntual.
La presencia del Estado comienza muchas veces en una escuela, un consultorio o un retén. Cuando esas instalaciones dejan de cumplir su función, el impacto no solo afecta a quienes trabajan en ellas. También alcanza a las comunidades que dependen de esos servicios y esperan una respuesta oportuna frente a una emergencia.
