El paradójico caso del exseremi acusado de usurpar funciones policiales, abre debate acerca de a quiénes elegimos (o se designan) para ejercer responsabilidades públicas.
La detención del exseremi de Salud de Coquimbo, Matías Letelier, acusado de hacerse pasar por funcionario de Carabineros mientras realizaba fiscalizaciones vehiculares en La Serena, difícilmente puede leerse como una simple anécdota policial. El episodio adquiere una dimensión distinta. Ello, porque involucra a una persona que hasta hace poco ejercía una de las más altas responsabilidades de representación del Estado en la región.
Según los antecedentes conocidos, el exseremi vestía prendas similares a las utilizadas por Carabineros y realizaba controles vehiculares cuando fue denunciado por vecinos. La propia institución verificó los hechos y procedió a su detención. Se inició así una investigación por diversos delitos asociados a la usurpación de funciones públicas. Y, también otras infracciones que ahora deberán ser esclarecidas por el Ministerio Público.
Más allá del delito
El interés público del caso no radica únicamente en determinar las eventuales responsabilidades penales del imputado. O, lo anecdótico que pueda parecer. Es más que eso.
La pregunta que inevitablemente surge es otra. ¿Cómo una persona que accedió a un cargo de confianza del Estado termina protagonizando un episodio de estas características?
Los seremis no son funcionarios elegidos por concurso público. Son autoridades políticas designadas precisamente porque se presume en ellas idoneidad técnica, criterio, responsabilidad y condiciones personales compatibles con el ejercicio de funciones públicas de alta relevancia.
Por ello, cuando una exautoridad aparece involucrada en hechos que desafían esa expectativa, el debate deja de ser exclusivamente policial y se traslada hacia los mecanismos mediante los cuales el Estado selecciona a quienes ejercerán funciones de representación.
Una discusión que vuelve
El caso se suma a otros episodios protagonizados en los últimos años por autoridades y altos funcionarios públicos que, por distintas razones, han debido enfrentar investigaciones judiciales, administrativas o severos cuestionamientos por conductas incompatibles con la investidura que ejercían.
Aunque cada situación posee características propias y responsabilidades distintas, todas convergen en una discusión que periódicamente reaparece: si los actuales mecanismos de selección, evaluación y control resultan suficientes para quienes administran poder público.
No se trata solo de revisar antecedentes penales o requisitos legales. También está en juego la capacidad para detectar factores que puedan afectar el adecuado ejercicio de responsabilidades que exigen especial prudencia, equilibrio y apego a la legalidad. Y salud mental.
Basta ver la situación de las casi dos docenas de seremis renunciados o removidos en los primeros días de este gobierno. La responsabilidad política comienza antes del nombramiento, no después del escándalo o inhabilidad.
El rol de las instituciones
Paradójicamente, en este caso la noticia también deja una señal institucional.
Fue la denuncia de vecinos y la actuación de Carabineros la que permitió detectar la situación y ponerla a disposición de la justicia. Lejos de aparecer cuestionada por los hechos, la institución actuó precisamente en defensa de la legalidad y de la investidura que alguien intentaba utilizar indebidamente.
La diferencia no es menor. La autoridad pública pertenece al Estado, no a quienes circunstancialmente ejercen o pretenden ejercer sus potestades.
Una confianza que comienza antes del nombramiento
Las democracias descansan en la confianza ciudadana hacia sus instituciones, pero esa confianza comienza mucho antes del ejercicio del cargo.
Empieza en la forma en que se selecciona a quienes asumirán responsabilidades públicas y continúa con los mecanismos de control político, administrativo y judicial capaces de responder cuando esas expectativas se ven defraudadas.
Más allá del desenlace judicial del caso, la detención del exseremi vuelve a recordar que la calidad de las instituciones también depende de la calidad de las personas llamadas a conducirlas.
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