Un informe de Contraloría develó una serie de falencias en el proceso de subvenciones y aportes por asignación directa de la municipalidad de Las Condes, donde advierte “debilidad de control” por parte del municipio respecto a cuantiosos recursos públicos.
En 2022 el ente fiscalizador comenzó una revisión de aquellos municipios que transfirieron más recursos directos en subvenciones y aportes municipales, entre ellos el dirigido por Daniela Peñaloza (UDI). Esto se suma a la polémica por la comprar de un terreno para construir un Cesfam.
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“La finalidad de la revisión fue comprobar si las transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias, se encuentran debidamente documentadas, verificando, además, el cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron transferidos los recursos y su correspondiente rendición”, sostiene el texto, según publicó La Tercera.
Contraloría detectó una serie de falencias en las rendiciones de Las Condes.
TRANSFERENCIAS EXAMINADAS
Contraloría analizó las transferencias realizadas por la municipalidad de Las Condes a la Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina -la cual administra el parque Padre Hurtado-, la Corporación Cultural de Las Condes, la Unión Comunal de Junta de Vecinos de Las Condes, Fundación Integra, Fundación Teatro Municipal de Las Condes y la Asociación de Municipalidades Parque Cordillera.
También las hechas a las agrupaciones de municipalidades de la Seguridad Ciudadana en la Zona Oriente (AMSZO), Municipalidades de Chile (Amuch), Municipalidades de la Zona Oriente (AMZO) y la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM).
Durante 2021 Las Condes transfirió como aportes o cuotas un total $1.006.059.827, de los cuales $10 millones fueron para la ACHM, $700 millones para AMSZO, $160 millones para AMZO y $135 millones para la Amuch, detalló Contraloría. Esos recursos nunca se rindieron y tampoco la municipalidad exigió claridad con su destino. También se incluyen $55 millones transferidos para la administración del Parque Hurtado que no fueron acreditados.
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A esto se suma que la municipalidad autorizó en 2021 más de $846 millones a las organizaciones municipales del sector oriente, -sostiene el informe- sin “establecer su destino”. Y es que según el texto, los recursos se transfirieron a dichas entidades sin especificar en qué iban a utilizarse, lo que va en contra de la norma.
Todo lo anterior, a juicio de la Contraloría, “obedece a una debilidad de control” de parte de la administración de la alcaldesa UDI, según las atribuciones del municipio.
DEBILIDAD EN LA REVISIÓN DE RENDICIONES
El órgano contralor también detectó que el municipio, a través de un convenio, transfirió $103.256.172 a la Fundación Integra para el mejoramiento de jardines infantiles de la comuna. Sin embargo, esos dineros también provenían de las subvenciones entregadas por el ministerio de Educación.
Respecto del control interno, se halló que la municipalidad tenía una debilidad en la revisión de rendiciones, falta de seguimiento a los convenios realizados y la inexistencia de un procedimiento de prevención de fraudes.
También cuestionó la contratación del estudio jurídico Albagli Zaliasnik para elaborar un reglamento, así como la falta de rendición de cuentas de las organizaciones municipales.
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Además, se detectó que hay funcionarios que tiene “duplicidad de funciones” y pagos de horas extraordinarias que no se pueden acreditar.
Todos estos antecedentes fueron derivados por Contraloría al Concejo de Defensa del Estado (CDE).
ARGUMENTOS DE LAS CONDES
Desde la municipalidad de Las Condes dijeron que ”respecto a la rendición de las transferencias a instituciones privadas, la interpretación histórica de las Unidades Técnicas de Control del municipio sostenía que aquellos recursos no debían ser fiscalizados al ser transferidos a instituciones de naturaleza privada”, y que el municipio era “parte socia” y que, en definitiva, estaríamos “fiscalizándonos nosotros mismos”.
Esta postura que fue desechada por Contraloría, publicó el citado medio.
Agregaron que el municipio “instruyó a todas sus Unidades Técnicas de Control a dar estricto cumplimiento a lo indicado por Contraloría y, de manera proactiva, no se transferirán nuevos recursos a las entidades incluidas en el informe hasta que no sean subsanadas todas las observaciones”.







