La Contraloría General de la República emitió un duro informe que dejó al descubierto las falencias en la supervisión que realizó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) durante la emergencia eléctrica registrada en agosto del año pasado. El reporte apunta directamente a una débil fiscalización por parte del organismo estatal, encargado de velar por el correcto funcionamiento del suministro energético en el país.
Según los antecedentes recopilados en la Investigación Especial N°64 de 2025, la SEC no fiscalizó adecuadamente la implementación de soluciones técnicas —ni temporales ni definitivas— que debían aplicar las empresas distribuidoras de energía ante los cortes de luz. Las compañías afectadas, como Enel, CGE y otras, no habrían sido presionadas con la suficiente rigurosidad para responder a los usuarios afectados, entre ellos más de 3.800 pacientes electrodependientes en la Región Metropolitana.
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De esa cifra, la SEC solo revisó 25 casos y actuó en otros 77 a solicitud de los municipios, sin realizar inspecciones en terreno ni verificar que las distribuidoras cumplieran con su deber. La respuesta de las empresas, además, se retrasó más de dos meses, un plazo considerado inaceptable por el organismo fiscalizador.
Ante esta situación, la Contraloría ordenó a la SEC la elaboración de un protocolo de fiscalización específico para estos casos, el cual debe incluir verificaciones en terreno y seguimiento efectivo a las medidas adoptadas por las eléctricas. El plazo para presentar dicho protocolo es de 30 días.
Este caso pone en tela de juicio la capacidad de reacción de las instituciones en emergencias energéticas, sobre todo considerando el riesgo vital que enfrentan personas que dependen de máquinas conectadas a la red eléctrica. La débil fiscalización no solo dejó sin luz a miles, sino también en la oscuridad a quienes más necesitan del Estado.
La advertencia de Contraloría no es solo un llamado de atención, sino una exigencia concreta para que la SEC asuma su rol con responsabilidad y garantice que nunca más una débil fiscalización exponga a la toda la población y en especial a la más vulnerable a una nueva emergencia eléctrica.
