La ofensiva estatal para recuperar las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE) suma un nuevo respaldo institucional, luego de que la contralora Dorothy Pérez estableciera que la Tesorería General de la República no solo está facultada, sino obligada a perseguir estos cobros utilizando los mecanismos administrativos contemplados en el Código Tributario.
El pronunciamiento surge a partir de una consulta del exdiputado Miguel Mellado, pero su alcance va más allá de una respuesta puntual: redefine el marco operativo bajo el cual el Estado puede exigir el pago de estos créditos, despejando las dudas que existían sobre si debía recurrir exclusivamente a tribunales civiles.
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En su dictamen, fechado el 7 de abril, la Contraloría concluye que cuando la garantía estatal ha sido ejecutada, o cuando el Fisco ha adquirido la deuda, corresponde a la Tesorería asumir directamente la cobranza. Esto incluye tanto acciones administrativas como judiciales, consolidando una interpretación que fortalece la capacidad del Estado para actuar con mayor rapidez y presión sobre los deudores.
DEL RESPALDO LEGAL A LA ACCIÓN CONCRETA
Más que un debate técnico, la resolución tiene efectos prácticos inmediatos. El gobierno ya había iniciado una estrategia de cobro que distingue entre contribuyentes de mayores ingresos, particularmente quienes superan los cinco millones de pesos mensuales, y el resto de los deudores, a quienes se les han comenzado a notificar medidas como embargos para incentivar acuerdos de pago. El dictamen, en ese contexto, actúa como un respaldo jurídico clave para esa política.
FISCALIZACIÓN EN LA MIRA
Pero la señal de la Contraloría no se agota en validar el presente. La propia Pérez adelantó que este tema podría transformarse en objeto de futuras auditorías, incorporando las acciones de cobranza del CAE dentro de la planificación fiscalizadora del organismo. Esto abre un nuevo flanco: no solo se evaluará si se cobra, sino cómo se está haciendo.
La decisión llega además en un momento en que la controversia comenzaba a trasladarse a tribunales, mediante recursos de protección presentados en distintas cortes de apelaciones. Aunque varios tribunales han declarado inadmisibles estos recursos, el dictamen ordena el escenario jurídico y refuerza la posición del Ejecutivo.
En definitiva, la Contraloría no solo zanja una discusión legal, sino que refuerza una línea de acción estatal que busca endurecer la recuperación de recursos públicos, instalando al mismo tiempo la posibilidad de una supervisión más estricta sobre ese proceso.
