En una declaración pública, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, se refirió al suicidio en una estación del Metro de Santiago, Jorge Salvo, una de las víctimas de trauma ocular provocado por carabineros, según denuncia, sin que el Estado se haga cargo de reparación.
«El miércoles 28 de junio, Jorge Salvo, víctima de trauma ocular durante el Estallido Social, se quitó la vida en una estación de Metro de la Línea 5. En efecto, Jorge Salvo fue herido el día 17 de enero de 2020, en un operativo de Carabineros, cerca de Plaza Baquedano. Tras sufrir esta grave lesión fue trasladado al Hospital de Urgencia Asistencia Pública, donde fue atendido y luego entrevistado por funcionarios del Ministerio Público y del INDH».
Continúan señalando que «El Instituto Nacional de Derechos Humanos interpuso una querella por el delito de apremios ilegítimos contra quienes resultasen responsables, pero a la fecha aún no hay formalización de la investigación».
Como INDH, indican, «estamos consternados porque el caso de Jorge Salvo es una señal clara y contundente de la desidia que el Estado ha tenido respecto de las víctimas».
El INDH presentó 3.174 querellas en representación de 3.641 víctimas. De éstas, 342 fueron heridas por bombas lacrimógenas; 106 por perdigones y 45 por balas. A la fecha, solo 26 casos de las 3.174 querellas han tenido sentencia condenatoria.
Del total de las acciones interpuestas por el INDH, 577 causas ya fueron cerradas. 505 de éstas han sido por decisión de no perseverar, debido a que no se lograron reunir los antecedentes suficientes para sostener las investigaciones.
«Tanto el acceso a la justicia, la sanción de los responsables y la reparación de las víctimas son estándares de derechos humanos que los Estados se encuentran obligados a implementar y asegurar. En el caso de Jorge Salvo y muchas de las víctimas que sufrieron violencia institucional no han recibido ninguna de ellas. Urge contar con una política nacional y programas de reparación efectivos que se hagan cargo de esta obligación», indica la declaración.
«Cabe destacar que el lento avance de las investigaciones judiciales y la falta de medidas efectivas de reparación, tiene efectos irreparables. Por tanto, el Estado tiene el deber de actuar con diligencia e instamos a todos los actores involucrados a adoptar un compromiso más firme en este sentido», concluyen.
