Desde varias teorías -enfoque cuantitativo del dinero, elección racional, teoría de la agencia, elección pública y preferencia por liquidez- es posible articular un diagnóstico que señale responsabilidades y oriente políticas.
La teoría cuantitativa del dinero (Fisher, 1911) señala que un aumento de la oferta monetaria lleva a una mayor liquidez, fomentado a los agentes económicos a gastar más, incrementándose las transacciones dentro del sistema financiero. En este contexto, mayor volumen de transacciones puede complicar la capacidad de monitoreo de las autoridades regulatorias, especialmente en economías emergentes con infraestructura limitada como la chilena.
La teoría de la elección racional (Becker, 1968) indica que los individuos -incluidos criminales y actores financieros-, toman decisiones optimizando beneficios esperados frente a costos y riesgos. Si el costo esperado de lavar dinero (probabilidad de detección multiplicada por sanciones) es bajo respecto del beneficio, el acto se vuelve racional. En Chile, la percepción —acertada o no— de baja probabilidad de sanción, procesos judiciales lentos y sanciones que no disuaden suficientemente, aumenta la rentabilidad del delito. A esto se suma la sofisticación técnica de organizaciones como el Tren de Aragua, que buscan entornos donde los controles sean permeables.
La teoría de la agencia (Jensen & Meckling, 1976) aporta sobre la conducta de ejecutivos bancarios implicados. La relación principal–agente entre propietarios/accionistas y gestores crea problemas de información asimétrica y de incentivos: ejecutivos pueden perseguir intereses propios (bonificaciones, crecimiento artificial de colocaciones, redes de influencia) que no coinciden con los intereses sociales o de la entidad. Cuando la supervisión interna es débil —auditorías complacientes, controles de cumplimiento ineficaces—, el agente puede facilitar operaciones sospechosas, ya sea por lucro directo, por cooptación o por negligencia. Además, estructuras de gobernanza débiles permiten que decisiones arriesgadas queden ocultas o justificadas bajo tecnicismos administrativos.
La teoría de la elección pública (Buchanan, 1962) introduce la lógica de los incentivos políticos e institucionales: los actores públicos (legisladores, reguladores) responden a incentivos electorales y de grupo de interés. Políticas anticorrupción y de prevención del lavado requieren costos fiscales y políticos inmediatos (inversión en capacidades, mayor escrutinio, confrontación con élites financieras) cuyos beneficios son difusos y se verán a mediano-largo plazo. Así, la inacción o las reformas parciales y timoratas muchas veces obedecen a un cálculo racional para evitar costos políticos hoy, aun cuando eso incremente riesgos sistémicos mañana. Además, lobbies y redes de influencia pueden bloquear regulaciones más estrictas o su adecuada implementación.
La teoría de preferencia por liquidez (Keynes, 1936), originalmente económica, permite entender por qué ciertos flujos financieros ilícitos encuentran mercado: actores y organizaciones buscan activos y canales que preserven su liquidez y fungibilidad. Los servicios bancarios, empresas de remesas, comercio exterior y sectores con alta entrada y salida de efectivo son instrumentos idóneos para convertir ingresos delictivos en activos aparentemente legítimos. Si el sistema financiero no eleva el costo de convertir y mover liquidez (mediante monitoreo transaccional efectivo, por ejemplo), se vuelve atractivo mantener y circular capital ilícito.
Combinadas, estas teorías apuntan a soluciones que no pueden reducirse a sanciones mediáticas ni a arrestos individuales. Requieren reformas integrales: 1) fortalecer capacidades regulatorias y de investigación (mejor tecnología de monitoreo, unidades de inteligencia financiera con recursos y autonomía); 2) endurecer incentivos internos en bancos (gobernanza corporativa robusta, responsabilidad penal y administrativa clara para ejecutivos, compliance independiente); 3) reformar el marco legal para reducir asimetrías temporales entre delito y sanción (procedimientos más ágiles, cooperación internacional eficaz); 4) romper los incentivos políticos a la inacción mediante mayor transparencia y control ciudadano; y 5) cerrar canales de liquidez ilícita mediante controles proporcionales en sectores vulnerables sin criminalizar la actividad legítima.
El desafío es político y técnico. Se requiere reconocer que los actos del Tren de Aragua y la connivencia o negligencia de ciertos ejecutivos no son episodios aislados, sino expresiones de un equilibrio de incentivos disfuncional. Atacarlo implica asumir costos inmediatos —fortalecer instituciones, modernizar regulaciones, sancionar con coherencia— para restablecer la integridad del sistema financiero y la seguridad ciudadana. Si Chile quiere reducir efectivamente el lavado de activos, deberá reconfigurar esos incentivos y dotar a sus instituciones de la autonomía y la capacidad de la que hoy carecen.
