El Ministerio Público recibió una nueva denuncia por presuntas irregularidades en el traspaso de fondos públicos desde el Gobierno Regional (GORE) de La Araucanía a fundaciones.
Los antecedentes fueron entregados por la diputada Ericka Ñanco, quien sostiene que la entidad representada por el gobernador Luciano Rivas habría cometido una serie de delitos en el marco de los convenios suscritos con dos ONG.
«La diputada ha hecho entrega de antecedentes que se incorporan a una denuncia que ya había iniciado el Ministerio Público en relación con traspasos de dineros desde el Gobierno Regional a fundaciones, que en este caso abarcan dos fundaciones que, a juicio de la diputada y con los antecedentes que ella expresa, podrían ser constitutivos de delito», detalló el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido.
Si bien el persecutor precisó que aún es muy pronto para establecer qué delitos se le podrían imputar al gobernador, sí estableció que se dilucida una posible «negociación incompatible» y/o «tráfico de influencias», y «otra situación que podría generarse luego de la ejecución de estos recursos que se entregaron, donde eventualmente podrían configurarse el delito de fraude al fisco».
Los antecedentes presentados por la diputada Ñanco se suman a la denuncia presentada el pasado 6 de julio, cuando el Ministerio Público inició las indagatorias sobre un convenio suscrito entre el Gobierno Regional de La Araucanía y la Fundación Local.
En este caso se busca establecer si hubo irregularidades en la transferencia de $2.113 millones a la ONG para el desarrollo de un proyecto de reciclaje en la comuna de Padre Las Casas, pese a no contar con la experiencia en el área.
En esa línea, y ante el conocimiento de los nuevos antecedentes, el fiscal Garrido afirmó que se realizará una «investigación acuciosa de todas las personas involucradas».
Además, aclaró que «las denuncias se han presentado en términos amplios en contra del Gobierno Regional de La Araucanía. El representador del Gobierno Regional es el gobernador (Luciano Rivas), pero también intervienen en la asignación de recursos otras autoridades de la región».
«Por lo tanto, la investigación tiene que abocarse a determinar cualquier persona que pueda ser responsable de ilícitos penales en este caso», aclaró.
Los antecedentes presentados por la diputada Ñanco corresponden a la tercera denuncia que surge en La Araucanía en el marco del Caso Convenios.
«En relación a denuncias asociadas a fundaciones son tres casos que se están llevando adelante», acotó el fiscal Garrido.
El tercer caso surge a raíz de la denuncia presentada por el diputado Andrés Jouannet (Amarillos), quien este presentó un oficio para fiscalizar los millonarios contratos suscritos entre la Seremi de Vivienda de La Araucanía y la Fundación Urbanismo Social.
El parlamentario solicitó indagar el traspaso de más de $120 millones entre ambas entidades, argumentando que «la ONG está siendo cuestionada en una serie de regiones».
