Sin duda, que lo que ha planteado el 18/10 es una modificación liberadora, emancipadora de la sociedad chilena y por que no decirlo, que busca transformar el Chile actual. Para ningún ciudadano el estallido social ha pasado sin tener a lo menos alguna reflexión que decir sobre el país que queremos construir y en el cual deseamos vivir. En este marco, cada día que pasa es intenso he involucra a los diferentes actores que claman por una sociedad que los identifique e interprete, sin embargo, cuando el clamor se moviliza surgen las tensiones que nos pueden dividir o convertir en un colectivo unido pensando el país en proyección.
A un año de este 18/10 socio crítico, nos preguntamos ¿que tensiones nos dejan los acontecimientos observados para actuar en prospección, revisando, analizando, liberando y reconstruyendo la sociedad para un chile intercultural, diverso e inclusivo, con mayor participación ciudadana, progresista y crítica?
Una primera resistencia respecto de la cual se debe profundizar en su revisión, son los distintos marcos legales que configuran la sociedad chilena, efectivamente no existe confianza en la regulación, no solo en quienes la hacen, sino que hemos instalado el concepto de cuidado con la letra chica. Esto equivale a la reconstrucción transformadora de los diversos sistemas que han neoliberalizado las necesidades de los chilenos. Sin duda que los sistemas públicos y privados como los de la salud, el educacional y el de pensiones no resisten más ningún análisis cierto de desigualdad, por que todas las reflexiones políticas institucionales hechas desde los gobiernos no han dado solución a las necesidades de las personas en el contexto de una sociedad moderna, democrática y liderada por la sociedad civil.
Una segunda tensión es el claro requerimiento de profundizar la norma fundamental del Estado de Chile. El plebiscito que busca optar por una vía abierta y participativa para cambiar la Constitución de la República de Chile tiene como escenario de fondo la resignificación de la calidad democrática de la política y los políticos chilenos, con la finalidad de robustecer y fortalecer al Estado Social. El cual, pueda darle operacionalidad civil a las decisiones de los poderes del Estado, es decir, entender una administración pública y jurídica que atiende a la nueva sociedad que tiene como hito el 18/10, junto con ello que busque remover y despejar toda casuística (hecha trampa) para el beneficio de la elite. De tal forma surja la representatividad democrática con un sello de legitimidad, reconociendo los derechos y deberes para que la sociedad se desarrolle y modernice en equidad, igualdad y civilidad.
Como otra dureza que ha visibilizado el 18/10 es la irreversible necesidad de reformar la institución de Carabineros de Chile, puesto que la promesa de dar seguridad a la sociedad civil no se ha cumplido, muy por el contrario, ha dado muestras de ingobernabilidad, reaccionismo e incredulidad de sus actos. Hoy la institución de carabineros no es sinónimo de seguridad para nadie. La violencia observada no puede tener como protagonistas a ciudadanos que han optado por una profesión de esta naturaleza. Los DDHH deben estar en la base de cualquier tipo de intervención social, puesto que una nueva sociedad intercultural y diversa como la que hoy se manifiesta reconoce la autoridad de carabineros, pero donde el trato sea a un igual, es decir a otro ciudadano. Por lo tanto, la reforma que en carabineros se debe realizar no puede dejar de incluir el desarrollo de competencias interpersonales, apertura al aprendizaje, ética y conciencia en todos los ámbitos de la vida y del desarrollo humano; competencias intrapersonales de colaboración y liderazgo; competencias de estrategia cognitiva e innovación.
Las transformaciones socio críticas e históricas que estamos viviendo no se solucionan o terminan con el plebiscito de octubre, el paradigma que representa estas tensiones aún necesita conocer la voz de los territorios, la compleja diversidad de los contextos y ámbitos sociales, la comprensión de la cultura social, la valoración jurídica de nuestros pueblos indígenas, es decir, el 18/10 nos interpela a explicar, interpretar y evolucionar hacia una emergente sociedad progresista que pueda sanar sus heridas y enfrentar la necesidad de sanar la emocionalidad de la sociedad chilena.
