La comisión investigadora del 18-O concluyó su trabajo esta semana sin identificar a los responsables del vandalismo ocurrido durante el estallido social de octubre de 2019. El informe, sin embargo, atribuyó responsabilidades políticas a la administración del expresidente Sebastián Piñera por la respuesta del Estado frente a la crisis de seguridad.
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La instancia realizó 11 sesiones y recibió a 17 invitados. Su principal conclusión sostiene que durante el 18-O no existió una respuesta estatal con la capacidad suficiente para enfrentar de manera eficiente y determinada los hechos de violencia.
El documento publicado por Ex-Ante, plantea que “la respuesta y capacidad estatal para un manejo eficiente, determinado y conforme a lo que un país requiere en materia de seguridad, no tuvo lugar”.
Además, cuestiona el funcionamiento de los organismos de inteligencia durante ese período. Según el informe, no existía un sistema suficientemente coordinado que permitiera compartir información entre las distintas instituciones y facilitar la toma de decisiones.
Chile Vamos cuestiona las conclusiones
Las conclusiones provocaron molestia en sectores de Chile Vamos y entre exautoridades del gobierno de Piñera. Diputados de Republicanos, Nacional Libertario, UDI y RN respaldaron el documento.
Desde Renovación Nacional calificaron el contenido como una “apreciación injusta y sin fundamentos”, mientras que la UDI anunció que rechazará el informe cuando llegue a la Sala. Evópoli, por su parte, defendió el legado del exmandatario.
La exvocera de Gobierno Karla Rubilar también cuestionó el resultado de la comisión, principalmente porque, a su juicio, la instancia no logró establecer quiénes estuvieron detrás de los episodios de violencia registrados durante el 18-O.
“Es una conclusión débil, injusta y dolorosa para quienes estuvimos ahí”, sostuvo Rubilar, quien además manifestó su expectativa de que el informe sea rechazado por los diputados.
El Partido Nacional Libertario, impulsor del documento, respondió a las críticas de Chile Vamos. Johannes Kaiser cuestionó la reacción de sus antiguos aliados y dijo no comprender el “escándalo” generado por las conclusiones.
El rol de los sectores políticos durante el estallido
Según el análisis publicado por Ex-Ante, otro de los elementos ausentes en el informe corresponde al papel que tuvieron distintos sectores políticos frente a la violencia registrada durante el 18-O.
El texto recuerda episodios ocurridos durante esos meses, entre ellos la irrupción de Pamela Jiles, entonces diputada, en el hemiciclo de la Cámara durante la votación de la acusación constitucional contra Piñera, instancia en la que realizó gestos de respaldo a la denominada “primera línea”.
También menciona el homenaje realizado posteriormente a integrantes de ese movimiento en el antiguo Congreso Nacional y los indultos concedidos durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric a personas condenadas por delitos asociados al estallido.
Estos antecedentes, no forman parte de las conclusiones de la comisión investigadora.
El antecedente que quedó fuera de la comisión
Otro punto relevante corresponde al testimonio que entregó en 2024 el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien durante octubre de 2019 se desempeñaba como fiscal jefe de la Fiscalía Centro de Justicia.
En una declaración ante la Corte Suprema, Cooper explicó que las investigaciones permitieron identificar a grupos vinculados al anarquismo y establecer algunos blancos investigativos. Sin embargo, el seguimiento de quienes podían ejercer roles de liderazgo se interrumpió con la llegada de la pandemia.
El fiscal relató que trabajó junto al OS-9 de Carabineros y que incluso se obtuvieron autorizaciones judiciales para realizar labores de infiltración.
“Establecimos blancos”, señaló Cooper, aunque explicó que el trabajo quedó truncado en marzo de 2020, cuando las restricciones derivadas de la pandemia redujeron las manifestaciones y los investigados dejaron de salir de sus domicilios.
Las dificultades para investigar la violencia
Cooper también abordó las investigaciones relacionadas con delitos cometidos contra funcionarios de Carabineros durante el 18-O.
Según su testimonio, las indagatorias enfrentaron importantes dificultades debido a la magnitud de las turbas y la falta de registros audiovisuales. Explicó que muchas querellas se presentaban contra quienes resultaran responsables y describían grupos numerosos de manifestantes.
El fiscal sostuvo que uno de los principales objetivos que no pudieron concretar fue identificar a las personas que encabezaban o coordinaban estos grupos.
Consultado sobre la existencia de organizaciones detrás de las movilizaciones, Cooper señaló que observó dinámicas asociadas a llamados realizados mediante redes sociales y describió los movimientos investigados como vinculados al anarquismo.
De esta manera, el debate sobre el 18-O vuelve a instalarse en medio de una disputa política: mientras la comisión pone el foco en las deficiencias de la respuesta estatal durante la crisis, sus detractores cuestionan que el informe no haya establecido responsabilidades por los hechos de violencia ni abordado el papel de sectores políticos que respaldaron o relativizaron algunas de esas acciones.
