Alcalde de El Bosque emplaza a ministro Quiroz por el fuerte impacto social de la megarreforma en hogares más vulnerables y clase media. El edil Manuel Zúñiga se suma así a jefes comunales de distintas miradas políticas que cuestionan los efectos de la ley miscelánea. Advierten que la disminución de ingresos amenaza servicios esenciales en cientos de comunas del país.
La tensión entre el Gobierno y los municipios sigue escalando por los efectos de la llamada megarreforma o Ley de Reconstrucción Nacional impulsada por el Ejecutivo. Esta vez fue el alcalde de El Bosque, Manuel Zúñiga, quien emplazó directamente al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a detener iniciativas que, a su juicio, ponen en riesgo servicios básicos para miles de familias.
«Aún está a tiempo»
En entrevista con Cooperativa, el jefe comunal sostuvo que el titular de Hacienda aún está a tiempo de frenar medidas que podrían afectar gravemente a los municipios. El alcalde advirtió que detrás de los ajustes fiscales existe un impacto directo sobre seguridad, salud, programas sociales y capacidad operativa de las comunas.
Las declaraciones se producen en medio de una creciente preocupación transversal entre alcaldes de distintos sectores políticos. La principal alarma surge por la eliminación de contribuciones para adultos mayores propietarios de una primera vivienda, una medida que reduciría significativamente los ingresos municipales.
Desastre comunal
Según cifras entregadas por el propio Ministerio de Hacienda, la exención de contribuciones significará una merma cercana a los US$200 millones en recaudación. De ese total, US$130 millones corresponden al Fondo Común Municipal, mientras otros US$70 millones afectarán directamente ingresos propios de los municipios.
Aunque el Ejecutivo comprometió compensar los recursos asociados al Fondo Común Municipal, reconoció que los ingresos directos que dejarán de percibir las comunas no serán restituidos. Esa definición encendió las alarmas entre alcaldes oficialistas y de oposición, quienes sostienen que el impacto real podría traducirse en menos recursos para programas locales y servicios comunitarios.
La preocupación resulta especialmente sensible porque el Fondo Común Municipal funciona como uno de los principales mecanismos de redistribución territorial del país. A través de ese sistema, comunas con mayores ingresos aportan recursos que posteriormente financian municipios con menor capacidad económica.
Seguridad, salud y programas sociales
El conflicto se produce además en un contexto marcado por recortes presupuestarios que ya generan controversia en distintas áreas sociales. La Asociación Chilena de Municipalidades advirtió recientemente que reducciones en salud y educación podrían afectar directamente la calidad de vida de millones de personas.
Los alcaldes sostienen que las comunas enfrentan actualmente mayores demandas en atención primaria, seguridad pública, mantención urbana y asistencia social. En ese escenario, una disminución permanente de ingresos podría trasladar la presión financiera hacia municipios que ya operan con presupuestos estrechos.
La controversia también coincide con cuestionamientos surgidos por otras propuestas de ajuste impulsadas desde Hacienda. Investigaciones periodísticas revelaron recomendaciones para reducir financiamiento en diversos programas destinados a adultos mayores, incluyendo residencias, apoyos sociales y beneficios complementarios.
Crece la presión contra Quiroz
Lo que comenzó como una discusión técnica sobre contribuciones evolucionó rápidamente hacia un conflicto político de alcance nacional. Alcaldes oficialistas y de oposición han coincidido en exigir garantías para evitar que la reforma termine debilitando la autonomía financiera municipal.
Incluso dirigentes comunales favorables a revisar el sistema de contribuciones han advertido que los municipios no pueden asumir el costo fiscal de una medida diseñada desde el nivel central. La inquietud ya se instaló en comunas grandes, medianas y pequeñas, donde existe temor por eventuales efectos sobre servicios locales.
Mientras el Gobierno intenta asegurar apoyos para la tramitación de la megarreforma en el Senado, los alcaldes endurecen sus posiciones. El debate dejó de centrarse únicamente en impuestos y comenzó a enfocarse en una pregunta más amplia: quién terminará pagando el costo social de los ajustes comprometidos por el Ejecutivo.
