La Contraloría General de la República (CGR) inició una nueva ofensiva para reforzar los estándares de probidad en la administración pública, apercibiendo a 15 alcaldes que no actualizaron sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP), un requisito obligatorio para las autoridades sujetas a la Ley de Probidad.
La advertencia, emitida el pasado 27 de mayo, otorga a las jefaturas comunales un plazo de 10 días hábiles para regularizar su situación. De no hacerlo, el organismo fiscalizador podrá iniciar procedimientos sancionatorios que incluso podrían derivar en la destitución del cargo.
CONTRALORÍA ACTIVA MECANISMO SANCIONATORIO
La medida forma parte de los controles permanentes que realiza la CGR para verificar el cumplimiento de la Ley N.º 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses.
A través de oficios individuales, el organismo notificó a los alcaldes que no presentaron las actualizaciones obligatorias de sus declaraciones patrimoniales, documento que permite transparentar bienes, actividades económicas e intereses que puedan influir en el ejercicio de funciones públicas.
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La actualización de estas declaraciones constituye una herramienta clave para prevenir conflictos de interés y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.
MULTAS Y RIESGO DE DESTITUCIÓN
La legislación vigente establece sanciones progresivas para quienes incumplan esta obligación. En una primera etapa, las autoridades arriesgan multas que fluctúan entre 5 y 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).
Sin embargo, el escenario podría agravarse si la situación persiste. La ley contempla que, transcurridos cuatro meses desde la aplicación de la sanción inicial sin que se regularice la declaración, la autoridad puede enfrentar la destitución de su cargo.
La advertencia de la Contraloría busca precisamente evitar que los incumplimientos escalen hacia etapas sancionatorias más severas.
COMUNAS INVOLUCRADAS
Los alcaldes apercibidos pertenecen a comunas distribuidas en distintas regiones del país. Entre ellas figuran San Rosendo, Empedrado, Melipeuco, Cabo de Hornos, Rinconada, Los Muermos, Los Sauces, Toltén, San José de Maipo, Sierra Gorda, Santo Domingo, Quintero, Arica, Lota y Alto Biobío.
Asimismo, la presencia de municipios de distintas zonas del territorio evidencia que el incumplimiento no se concentra en una región específica, sino que se extiende a diversas administraciones comunales a lo largo del país.
Con esta acción, la Contraloría refuerza su estrategia de vigilancia sobre las obligaciones de transparencia de las autoridades públicas, en momentos en que la probidad y la rendición de cuentas continúan siendo exigencias prioritarias para la ciudadanía.
