El ministro de Seguridad, Arrau, asumió un rol central en las conversaciones políticas para impulsar la reforma constitucional vinculada a la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), iniciativa que ha generado distintas posturas dentro del oficialismo.
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La propuesta contempla cinco modificaciones principales: incorporar la seguridad pública como deber del Estado en el artículo 1 de la Constitución, crear un nuevo estado de excepción, establecer un registro de organizaciones criminales, diferenciar los regímenes penitenciarios y permitir la incautación de bienes vinculados al crimen.
Arrau inicia ronda de conversaciones
Tras la firma de la reforma constitucional, Arrau comenzó una serie de reuniones con dirigentes políticos y autoridades regionales con el objetivo de recoger observaciones y facilitar su discusión legislativa.
Uno de los primeros encuentros fue con Johannes Kaiser, presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), quien había expresado reparos a algunos aspectos de la agenda de seguridad del Ejecutivo.
Kaiser sostuvo que su partido no tiene por qué respaldar todas las iniciativas del Gobierno y planteó dudas sobre las garantías jurídicas para los funcionarios policiales y militares que participen en operaciones contra organizaciones criminales.
Luego de la reunión, Arrau destacó la disposición de Kaiser a participar en conversaciones destinadas a fortalecer las medidas de seguridad.
La ronda de reuniones continuó con el gobernador de Los Lagos y presidente de Agorechi, Alejandro Santana, y el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.
En esas conversaciones también participaron los subsecretarios de Seguridad y Prevención del Delito, Pilar Giannini y Gonzalo Guerrero.
Reuniones con parlamentarios
Tras la aprobación en la Cámara de la denominada Ley Naín-Retamal 2.0, el ministro se reunió con la presidenta del Senado, Paulina Núñez.
En esa instancia, Arrau valoró el avance legislativo de las medidas destinadas a fortalecer el respaldo a las policías.
Posteriormente, sostuvo un encuentro con el senador Rodolfo Carter para analizar la situación de seguridad en La Araucanía. Según señaló el ministro, en esa región se ha registrado una disminución de homicidios y robos violentos.
Desde el equipo de Arrau explicaron que estas reuniones forman parte de un trabajo prelegislativo destinado a recoger opiniones sobre la reforma constitucional antes de que avance su discusión en el Congreso.
Dudas dentro de RN
La propuesta, sin embargo, enfrenta cuestionamientos dentro de sectores oficialistas.
El senador Andrés Longton (RN) planteó dudas sobre la necesidad de crear un nuevo estado de excepción y sobre la conveniencia de modificar el artículo 1 de la Constitución.
El parlamentario aclaró que sus observaciones apuntan principalmente a aspectos jurídicos y a determinar si las nuevas disposiciones efectivamente permitirán mejorar la seguridad.
Longton cuestionó especialmente la incorporación de la seguridad pública al primer artículo de la Carta Magna, al considerar que conceptos relacionados con la seguridad nacional ya contemplan dimensiones internas y externas.
También pidió precisar las diferencias entre el nuevo estado de excepción propuesto y el actual estado de emergencia.
Ossandón plantea una alternativa
La diputada Ximena Ossandón (RN) también expresó reparos y propuso evaluar una alternativa al diseño presentado por el Ejecutivo.
La parlamentaria planteó establecer un régimen temporal de cooperación de las Fuerzas Armadas, con una duración limitada y sujeto posteriormente a una evaluación de sus resultados.
Ossandón advirtió además sobre los riesgos de mantener una presencia militar permanente en determinados sectores urbanos y llamó a evitar restricciones de libertades que puedan resultar desproporcionadas o generar estigmatización.
Republicanos respaldan la propuesta
Desde el Partido Republicano, en cambio, su presidente Arturo Squella defendió la iniciativa impulsada por el Gobierno.
El dirigente sostuvo que las actuales herramientas del Estado no serían suficientes para enfrentar al crimen organizado y respaldó la incorporación de las Fuerzas Armadas cuando las circunstancias lo requieran.
Squella también cuestionó a quienes, según afirmó, han planteado la necesidad de mejorar la seguridad, pero ahora manifiestan reparos frente a las medidas propuestas.
En medio de estas diferencias, Arrau mantiene las conversaciones con distintos sectores políticos para intentar alcanzar acuerdos que permitan avanzar con la reforma constitucional y con el resto de la agenda de seguridad del Ejecutivo.
